Javier Rodríguez, el ministro bonaerense en ZOOM con Julieta Fiorentino
Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia, cruzó cifras de desempleo, endeudamiento y desfinanciamiento científico con una reflexión sobre desinformación y fake news, en una entrevista realizada en Mar del Plata.
La entrevista fue realizada por Julieta Fiorentino para el programa ZOOM, que se emite en CN2 de Mar del Plata y repetidoras. Allí, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires combinó cifras de una economía en contracción con una reflexión sobre desinformación, fake news y militancia territorial.
Mar del Plata, la ciudad balnearia más importante de Argentina, vivió la apertura de una nueva terminal frigorífica en su puerto histórico y el regreso, después de doce años, de un congreso internacional de apicultura.
Un puerto que mira hacia adentro
La planta frigorífica Punto Cero, con capacidad para 5.000 toneladas de productos congelados (unos 200 contenedores de 40 pies), es una inversión privada de la empresa marplatense Punto Cargas S.A. Su director, Juan Martín Fernández, la presentó como un intento de revertir una tendencia estructural del puerto: buena parte de la producción pesquera y agroalimentaria del sudeste bonaerense termina embarcándose 400 kilómetros al norte, en Buenos Aires, en lugar de salir directamente por Mar del Plata. El empresario pesquero Antonio Solimeno fue el primer cliente en probar el sistema.
El evento reunió a una amplia concurrencia de autoridades y referentes del arco político, empresarial y de medios, encabezados por el director del diario La Capital, Florencio Aldrey Iglesias, y el titular de Canal 8, Jorge Pérez, junto con el ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez, el intendente Agustín Neme, su antecesor y hoy senador provincial Guillermo Montenegro, el subsecretario de Asuntos Portuarios Juan Cruz Lucero, el presidente del Consorcio Portuario Regional Marcos Gutiérrez, la senadora provincial Fernanda Raverta, el presidente de la UCIP Blas Taladrid, el titular del Parque Industrial Luis Terry Artusa y dirigentes gremiales del puerto. Ese mismo día, la provincia también fue sede, por primera vez en más de una década, del XVII Congreso Latinoamericano de Apicultura (FILAPI 2026), organizado junto a la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA). Rodríguez dijo en la entrevista que la cantidad de productores apícolas registrados en la provincia pasó de algo más de 4.500 a casi 8.000 en los últimos seis años.
La disputa por el calamar
En agosto, el Consejo Federal Pesquero (CFP) aprobó, mediante la Resolución 6/2026, la incorporación de 18 nuevos buques poteros a la pesquería del calamar, sobre 27 proyectos presentados. Solo uno de esos 18 permisos quedó asociado a un proyecto con desembarque en Mar del Plata, la ciudad con mayor infraestructura pesquera del país. Ninguno contempla la construcción de las embarcaciones en astilleros argentinos. El orden de mérito quedó encabezado por Glaciar Pesquera S.A. y Semaloma S.A., ambas con 350 puntos y permisos por 24 años. Las siguieron Compañía Pesquera del Sur, con 300 puntos, y Pesquera Deseado, con 290.
El sistema de evaluación combinó varios criterios: tripulación argentina, antigüedad del buque, capacidad de procesamiento en tierra, empleo registrado y cantidad de poteros que ya opera cada empresa. Entre ellos se incluyó un puntaje territorial según la provincia de desembarque comprometido. Tierra del Fuego sumaba 30 puntos; Santa Cruz, 25; Chubut, 20; Río Negro, 15; y Buenos Aires, apenas 10. En una conferencia de prensa posterior, acompañando un reclamo de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Actividades Portuarias, Navales, Pesqueras y Afines (FECOOAPORT), Rodríguez calificó el proceso de “una licitación que se hizo con la cancha inclinada”.
La denuncia no proviene solo del ministro ni de un solo sector político. La Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario, presentó en junio un recurso de reconsideración ante el CFP pidiendo la revocación de la Resolución 6/2026. También votó en contra de la medida a través de su representante, Carla Seain. En agosto, ya conocido el resultado final, la Asociación Bonaerense de la Industria Naval y la Federación de la Industria Naval Argentina presentaron un recurso propio contra la adjudicación, por la falta de construcción en astilleros nacionales. Después adhirió la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata. En paralelo, FECOOAPORT y el sindicato SUPA presentaron en junio una demanda judicial por inconstitucionalidad, admitida a trámite por un juzgado federal de Mar del Plata en julio.
El Concejo Deliberante local recibió además un proyecto de repudio impulsado por la concejala Vilma Baragiola, de la Unión Cívica Radical, oposición tanto al Gobierno nacional libertario como al oficialismo provincial peronista. El concejal Gustavo Pulti, de Acción Marplatense, calificó la medida de “arbitraria y discriminatoria”.
El respaldo científico de la medida también se discute. El Gobierno nacional sostuvo que la ampliación se apoyó en un informe del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Rodríguez lo disputa directamente: “No había, como debe haber, un estudio científico del INIDEP”, cuestionó. Agregó que el proyecto fue “tratado y votado prácticamente durante una misma reunión” del CFP. Cuestionó además que ninguno de los 18 proyectos aprobados esté vinculado a astilleros argentinos: “Hay cero proyectos de 18 vinculados a astilleros nacionales”, dijo. Para Rodríguez, que un solo proyecto marplatense haya quedado entre los 18 aprobados es la prueba de “una decisión contra los 17 millones de bonaerenses”.
Empleo y salarios, según el ministro
Rodríguez habló de más de 300.000 puestos de trabajo registrados perdidos desde diciembre de 2023. Sumó unas 30.000 empresas menos que en noviembre de 2023, según el cálculo que presentó. Aclaró que se trata de un resultado neto entre aperturas y cierres, no de 30.000 cierres puros: “hay muchísimas más que se cierran que las que se puedan llegar a crear”, explicó.
Sobre las cifras oficiales de empleo y salarios, sostuvo que el presidente Javier Milei “trastoca la realidad, se aparta de la realidad” al hablar de mejoras que, según el ministro, no se reflejan en la vida cotidiana. Estas cifras coinciden, en orden de magnitud, con las publicadas por el centro de estudios CEPA (con base en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo) y por el think tank Fundar, recogidas por el medio El Destape. Medios internacionales también documentaron el fenómeno: Bloomberg tituló en agosto que “el desempleo crece en Argentina” pese a la baja de la inflación, y Al Jazeera cubrió en febrero la aprobación de una reforma laboral que sindicatos calificaron de regresiva.
El Gobierno nacional disputa esa lectura. El presidente Javier Milei, en una conferencia empresarial reciente citada por el medio Diagonales, calificó el cierre de empresas como parte de un “fenómeno natural” del mercado y sostuvo que no hay desempleo ni caída salarial.
La deuda de los hogares
El endeudamiento de los hogares es otro indicador que atraviesa el reclamo económico. Según datos del Banco Central recogidos por distintos medios económicos, la morosidad de las familias argentinas con el sistema financiero llegó en 2026 a su nivel más alto en más de dos décadas: cerca de 21 millones de personas tenían algún tipo de deuda hacia junio de ese año, con 5,91 millones en situación de mora.
La irregularidad crediticia de los hogares pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,8% en junio de 2026 dentro del sistema bancario, y al 30,1% en el caso de las billeteras virtuales, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La proporción de deudores en mora medida por la Central de Deudores del Banco Central casi se duplicó en menos de dos años (13,6% a 27,8%), muy por encima de países vecinos como Brasil (5,2%) o Chile (3%), según el mismo relevamiento.
Frente a este cuadro, la vocera del FMI, Julie Kozack, sostuvo que el aumento de la morosidad no representa, por ahora, un riesgo para la estabilidad del sistema financiero argentino. El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó las dificultades de las familias a un “coletazo” de la suba de tasas del año anterior y consideró que la situación “se va a ir acomodando”.
INTI, INTA y el ajuste científico
Rodríguez planteó el desfinanciamiento del INTA (instituto de tecnología agropecuaria) y el INTI (instituto de tecnología industrial) como parte de dos movimientos simultáneos: “por un lado está generando una macroeconomía que va en contra de la producción; por otro lado, rompe, destruye todo el andamiaje de acompañamiento técnico” del Estado hacia productores y pymes, dijo, con consecuencias que, sostuvo, afectan la competitividad presente y futura del sector.
El medio El Destape, citando datos del Grupo de Estudios sobre Política Científica (CONICET-UBA), reportó una caída del 43,4% en términos reales del presupuesto del INTI desde 2023. El medio Letra P reportó, por su parte, una caída del 14% en la cantidad de investigadores del CONICET entre 2023 y 2026.
Sobre algoritmos y fake news
“Además del discurso de odio, la fake news, la falta de referencia ante la verdad -se dice cualquier cosa y se naturaliza-, ¿cómo estudian ustedes, desde el sector en el que trabajan, esto que está pasando con la comunicación, con esta gobernanza algorítmica que no sabemos para dónde va a disparar?”.
Rodríguez respondió sin usar en ningún momento la palabra “algoritmo”. Habló exclusivamente de “fake news” y de la difusión de mentiras, y apostó por la militancia territorial y el contacto “cara a cara” como alternativa a esa circulación digital de contenido polarizante. No estableció él mismo una relación explícita entre esa dimensión y el ajuste económico que había descrito minutos antes. La pregunta apuntaba, en particular, al discurso de dirigentes del espectro político libertario alineado con el Gobierno de Milei.
Un episodio reciente en Argentina ilustra el tipo de fenómeno al que aludía la pregunta. El 25 de agosto, Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de la Presidencia, respondió en X a un posteo del comunicador libertario Alejandro Rozitchner, y su respuesta recibió, poco después, una oleada de respuestas de apoyo de distintas cuentas. Lo llamativo fue que varias de esas respuestas dejaron visible, por error, una etiqueta interna de automatización que debía permanecer oculta: entre ellas, “Reply3” y “Reply8”.
Según reportaron distintos medios, buena parte de esas cuentas mostraba patrones asociados a la amplificación automatizada: publicaban habitualmente en inglés, difundían contenido sobre criptomonedas o declaraban ubicaciones fuera de la Argentina.
Lo que dicen los estudios
Los medios citaron dos estudios publicados en Scientific Reports. El primero, de 2025, analizó cerca de 5.000 millones de publicaciones de unos 200 millones de usuarios en torno a siete grandes acontecimientos, y encontró que aproximadamente el 20% de la actividad correspondía a cuentas automatizadas. El segundo, de julio de 2026 y elaborado por investigadores de universidades europeas, tomó conversaciones reales de Reddit y le pidió a los modelos de lenguaje GPT-4o y Llama 3 70B que generaran discusiones artificiales completas sobre los mismos temas.
Cuando se mostraron esas conversaciones a personas para que distinguieran cuáles habían sido escritas por humanos, las generadas íntegramente por inteligencia artificial fueron confundidas con conversaciones humanas en el 39% de los casos. Con las producidas específicamente por Llama 3, los participantes solo lograron identificarlas correctamente como IA en el 56% de las veces.
Rodríguez describió dos transformaciones distintas que atraviesan la Argentina de hoy. Una ocurre en la economía real: empleo, empresas, ciencia. La otra ocurre en cómo circula la información pública: qué se viraliza, qué parece tener respaldo masivo y qué no. Si esas dos transformaciones están relacionadas entre sí, es algo que esta entrevista no responde. Pero el episodio de Oría, y los estudios que lo enmarcan, dejan planteada una pregunta: ¿cómo puede una sociedad diagnosticar su propia crisis si no logra distinguir qué información sobre esa crisis es real?
2027
Rodríguez ubicó a Kicillof como referencia política hacia 2027, dijo que “genera esperanzas y expectativas”, y vinculó esa construcción con el fortalecimiento del Movimiento Derecho al Futuro, la fuerza política que el gobernador lanzó en 2025, incluida una mención a un plenario reciente con más de 3.000 jóvenes, según cifras aportadas por el propio ministro y no verificadas de forma independiente.
El propio gobernador mantiene la misma cautela pública. Consultado por su eventual candidatura durante una visita a la provincia de Misiones a principios de septiembre, Kicillof calificó la pregunta de “prematura” y respondió: “El lugar que ocupe será el que tenga que ocupar. No quiero anteponer una candidatura o una campaña electoral a un proceso.”
