Javier Rodríguez, el ministro bonaerense en ZOOM con Julieta Fiorentino
Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia, cruzó cifras de desempleo, endeudamiento y desfinanciamiento científico con una reflexión sobre desinformación y fake news, en una entrevista realizada en Mar del Plata.
En una extensa entrevista realizada por Julieta Fiorentino para el programa ZOOM, que se emite en CN2 de Mar del Plata y repetidoras, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, combinó cifras de una economía en contracción con una reflexión sobre desinformación, fake news y militancia territorial. El Gobierno nacional sostiene una lectura opuesta y destaca la estabilización macroeconómica y la baja de la inflación.
Mar del Plata, la ciudad balnearia más importante de Argentina, vivió una jornada con dos eventos el mismo día: la apertura de una nueva terminal frigorífica en su puerto histórico y el regreso, después de doce años, de un congreso internacional de apicultura. En el medio de esa agenda, el ministro bonaerense concedió una entrevista donde pasó de datos de comercio exterior a una reflexión sobre desinformación y fake news.
Un puerto que mira hacia adentro
La planta frigorífica Punto Cero, con capacidad para 5.000 toneladas de productos congelados (unos 200 contenedores de 40 pies), es una inversión privada de la empresa marplatense Punto Cargas S.A. Su director, Juan Martín Fernández, la presentó como un intento de revertir una tendencia estructural del puerto: buena parte de la producción pesquera y agroalimentaria del sudeste bonaerense termina embarcándose 400 kilómetros al norte, en Buenos Aires, en lugar de salir directamente por Mar del Plata. El empresario pesquero Antonio Solimeno fue el primer cliente en probar el sistema.
El evento reunió a una amplia concurrencia de autoridades y referentes del arco político, empresarial y de medios, encabezados por el director del diario La Capital, Florencio Aldrey Iglesias, y el titular de Canal 8, Jorge Pérez, junto con el ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez, el intendente Agustín Neme, su antecesor y hoy senador provincial Guillermo Montenegro, el subsecretario de Asuntos Portuarios Juan Cruz Lucero, el presidente del Consorcio Portuario Regional Marcos Gutiérrez, la senadora provincial Fernanda Raverta, el presidente de la UCIP Blas Taladrid, el titular del Parque Industrial Luis Terry Artusa y dirigentes gremiales del puerto. Ese mismo día, la provincia también fue sede, por primera vez en más de una década, del XVII Congreso Latinoamericano de Apicultura (FILAPI 2026), organizado junto a la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA).La cantidad de productores apícolas registrados en la provincia pasó de algo más de 4.500 a casi 8.000 en los últimos seis años, según cifras que el propio ministro dio en la entrevista.
La disputa por el calamar
En agosto, el Consejo Federal Pesquero (CFP) aprobó, mediante la Resolución 6/2026, la incorporación de 18 nuevos buques poteros a la pesquería del calamar, sobre 27 proyectos presentados. Solo uno de esos 18 permisos quedó asociado a un proyecto con desembarque en Mar del Plata, la ciudad con mayor infraestructura pesquera del país, y ninguno contempla la construcción de las embarcaciones en astilleros argentinos. El orden de mérito quedó encabezado por Glaciar Pesquera S.A. y Semaloma S.A., ambas con 350 puntos y permisos por 24 años, seguidas por Compañía Pesquera del Sur (300 puntos) y Pesquera Deseado (290).
El sistema de evaluación combinó varios criterios (tripulación argentina, antigüedad del buque, capacidad de procesamiento en tierra, empleo registrado y cantidad de poteros que ya opera cada empresa) y entre ellos incluyó un puntaje territorial según la provincia de desembarque comprometido: 30 puntos para Tierra del Fuego, 25 para Santa Cruz, 20 para Chubut, 15 para Río Negro y 10 para Buenos Aires. En una conferencia de prensa posterior, acompañando un reclamo de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Actividades Portuarias, Navales, Pesqueras y Afines (FECOOAPORT), Rodríguez calificó el proceso de “una licitación que se hizo con la cancha inclinada”.
La denuncia no proviene solo del ministro ni de un solo sector político. La Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario, presentó en junio un recurso de reconsideración ante el CFP pidiendo la revocación de la Resolución 6/2026, y votó en contra de la medida a través de su representante, Carla Seain. En agosto, ya conocido el resultado final, la Asociación Bonaerense de la Industria Naval y la Federación de la Industria Naval Argentina presentaron un recurso propio contra la adjudicación, al que adhirió después la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata, por la falta de construcción en astilleros nacionales. En paralelo, FECOOAPORT y el sindicato SUPA presentaron en junio una demanda judicial por inconstitucionalidad, admitida a trámite por un juzgado federal de Mar del Plata en julio. El Concejo Deliberante local recibió además un proyecto de repudio impulsado por la concejala Vilma Baragiola, de la Unión Cívica Radical (oposición tanto al Gobierno nacional libertario como al oficialismo provincial peronista), y el concejal Gustavo Pulti, de Acción Marplatense, calificó la medida de “arbitraria y discriminatoria”.
El respaldo científico de la medida también se discute. El Gobierno nacional sostuvo que la ampliación se apoyó en un informe del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Rodríguez lo disputa directamente: “No había, como debe haber, un estudio científico del INIDEP”, cuestionó, y agregó que el proyecto fue “tratado y votado prácticamente durante una misma reunión” del CFP. Cuestionó además que ninguno de los 18 proyectos aprobados esté vinculado a astilleros argentinos: “Hay cero proyectos de 18 vinculados a astilleros nacionales”, dijo. Para Rodríguez, que un solo proyecto marplatense haya quedado entre los 18 aprobados es la prueba de “una decisión contra los 17 millones de bonaerenses”.
Empleo y salarios, según el ministro
Rodríguez habló de más de 300.000 puestos de trabajo registrados perdidos desde diciembre de 2023. Sumó unas 30.000 empresas menos que en noviembre de 2023, según el cálculo que presentó. Aclaró que se trata de un resultado neto entre aperturas y cierres, no de 30.000 cierres puros: “hay muchísimas más que se cierran que las que se puedan llegar a crear”, explicó.
Sobre las cifras oficiales de empleo y salarios, sostuvo que el presidente Javier Milei “trastoca la realidad, se aparta de la realidad” al hablar de mejoras que, según el ministro, no se reflejan en la vida cotidiana. Estas cifras coinciden, en orden de magnitud, con las publicadas por el centro de estudios CEPA (con base en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo) y por el think tank Fundar, recogidas por el medio El Destape. Medios internacionales también documentaron el fenómeno: Bloomberg tituló en agosto que “el desempleo crece en Argentina” pese a la baja de la inflación, y Al Jazeera cubrió en febrero la aprobación de una reforma laboral que sindicatos calificaron de regresiva.
El Gobierno nacional disputa esa lectura. El presidente Javier Milei, en una conferencia empresarial reciente citada por el medio Diagonales, calificó el cierre de empresas como parte de un “fenómeno natural” del mercado y sostuvo que no hay desempleo ni caída salarial.
La deuda de los hogares
El endeudamiento de los hogares es otro indicador que atraviesa el reclamo económico. Según datos del Banco Central recogidos por distintos medios económicos, la morosidad de las familias argentinas con el sistema financiero llegó en 2026 a su nivel más alto en más de dos décadas: cerca de 21 millones de personas tenían algún tipo de deuda hacia junio de ese año, con 5,91 millones en situación de mora.
La irregularidad crediticia de los hogares pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,8% en junio de 2026 dentro del sistema bancario, y al 30,1% en el caso de las billeteras virtuales, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La proporción de deudores en mora medida por la Central de Deudores del Banco Central casi se duplicó en menos de dos años (13,6% a 27,8%), muy por encima de países vecinos como Brasil (5,2%) o Chile (3%), según el mismo relevamiento.
Frente a este cuadro, la vocera del FMI, Julie Kozack, sostuvo que el aumento de la morosidad no representa, por ahora, un riesgo para la estabilidad del sistema financiero argentino. El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó las dificultades de las familias a un “coletazo” de la suba de tasas del año anterior y consideró que la situación “se va a ir acomodando”.
INTI, INTA, CONICET: el ajuste científico
Rodríguez planteó el desfinanciamiento del INTA (instituto de tecnología agropecuaria) y el INTI (instituto de tecnología industrial) como parte de dos movimientos simultáneos: “por un lado está generando una macroeconomía que va en contra de la producción; por otro lado, rompe, destruye todo el andamiaje de acompañamiento técnico” del Estado hacia productores y pymes, dijo, con consecuencias que, sostuvo, afectan la competitividad presente y futura del sector.
El medio El Destape, citando datos del Grupo de Estudios sobre Política Científica (CONICET-UBA), reportó una caída del 43,4% en términos reales del presupuesto del INTI desde 2023. El medio Letra P reportó, por su parte, una caída del 14% en la cantidad de investigadores del CONICET entre 2023 y 2026.
Cuando el discurso político empieza a hablar de algoritmos
La pregunta, tal como se formuló en la entrevista, fue: “Además del discurso de odio, la fake news, la falta de referencia ante la verdad —se dice cualquier cosa y se naturaliza—, ¿cómo estudian ustedes, desde el sector en el que trabajan, esto que está pasando con la comunicación, con esta gobernanza algorítmica que no sabemos para dónde va a disparar?”. Rodríguez respondió sin usar en ningún momento la palabra “algoritmo”: habló exclusivamente de “fake news” y de la difusión de mentiras, y apostó por la militancia territorial y el contacto “cara a cara” como alternativa a esa circulación digital de contenido polarizante, sin establecer él mismo una relación explícita entre esa dimensión y el ajuste económico que había descrito minutos antes. La pregunta apuntaba, en particular, al discurso de dirigentes del espectro político libertario alineado con el Gobierno de Milei.
Aunque Rodríguez no mencionó ningún caso concreto, un episodio reciente en Argentina ilustra el tipo de fenómeno al que aludía la pregunta de la entrevistadora. El 25 de agosto, un funcionario de la Presidencia argentina, Santiago Oría, publicó un mensaje en la red social X que recibió respuestas de apoyo de varias cuentas. Algunas de esas respuestas dejaron visible, por error, una etiqueta interna de automatización (“Reply11”, “Reply8”), lo que llevó a distintos medios a reconstruir el episodio como un caso de amplificación automatizada, según reportó el diario Tiempo Argentino.
La nota, elaborada junto con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, citó dos estudios publicados en Scientific Reports: uno que analizó cerca de 5.000 millones de publicaciones de 200 millones de usuarios y encontró que un 20% de la actividad correspondía a cuentas automatizadas, y otro, de investigadores de universidades europeas, en el que conversaciones generadas íntegramente por los modelos de lenguaje GPT-4o y Llama 3 fueron confundidas con conversaciones humanas en el 39% de los casos. Con las conversaciones generadas específicamente por Llama 3, los participantes del experimento solo lograron identificar que se trataba de inteligencia artificial en el 56% de los casos.
Esta entrevista, tomada en su conjunto, no permite afirmar que Rodríguez conecte esas dos dimensiones (el ajuste material y la disputa por la información digital) como parte de un mismo proceso: las describe de forma sucesiva, no como una relación causal. Que un mismo actor político registre ambos fenómenos sin vincularlos explícitamente es, en sí mismo, un dato sobre cómo se procesa hoy la transformación económica y tecnológica en el discurso público, más que una conclusión que la entrevista demuestre por sí sola.
El horizonte 2027
Sin hablar de una candidatura propia, Rodríguez ubicó a Kicillof como referencia política hacia 2027, dijo que “genera esperanzas y expectativas”, y vinculó esa construcción con el fortalecimiento del Movimiento Derecho al Futuro, la fuerza política que el gobernador lanzó en 2025, incluida una mención a un plenario reciente con más de 3.000 jóvenes, según cifras aportadas por el propio ministro y no verificadas de forma independiente.
El propio gobernador mantiene la misma cautela pública. Consultado por su eventual candidatura durante una visita a la provincia de Misiones a principios de septiembre, Kicillof calificó la pregunta de “prematura” y respondió: “El lugar que ocupe será el que tenga que ocupar. No quiero anteponer una candidatura o una campaña electoral a un proceso.”
