PBA frente a una Nación que se retira
Milei inflamado
El martes 20 de octubre, por la mañana, Javier Milei calificó de “una pelotudez del tamaño de una casa” la idea de que mucha gente no llega a fin de mes, en la apertura de la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia, en Neuquén. Unas horas después, en Tristán Suárez (Ezeiza), Axel Kicillof le respondió: “Es cierto, hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes”.
Kicillof describió cómo se llega a fin de mes: “viviendo peor”; postergando o limitando consumos, saliendo menos y, sobre todo, endeudándose “de a millones”, con tarjetas, billeteras virtuales, financieras, familiares y amigos. Desde Ezeiza, el gobernador habló de “una pelota de deuda” que atribuyó a la política económica, y cerró con una acusación: el Presidente o decide ignorarlo o, peor, no conoce la situación del país.
Milei, por su parte, insistió esa tarde en X: criticó a quienes repiten que la plata no alcanza, desafió a explicar cómo vive diez días sin comer una persona y planteó que, si se usa la tarjeta como argumento, habría que preguntarse qué ocurre al mes siguiente. Entonces, ¿qué hace la Provincia de Buenos Aires frente a un Gobierno nacional que ajusta, con qué recursos, y qué herramientas teóricas permiten decir algo más preciso que “Estado presente” contra “Estado ausente”?
El INDEC informó el 24 de septiembre que la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas en el primer semestre de 2026, 4,1 puntos más que en el semestre anterior, y la indigencia al 7,5%. Según un informe del CEPA con datos del Banco Central, 5,91 millones de personas tienen deudas en situación irregular sobre unos 21 millones de deudores, y la mora de las familias en bancos pasó de 2,5% en octubre de 2024 a 12,8% en junio. Las encuestas privadas sobre “llegar a fin de mes” dan entre 52% y 65% según la consultora. El 80% es la proporción de quienes no tienen margen de ahorro o consideran insuficiente un solo ingreso.
El Gobierno nacional tiene su propio dato. Caputo remarcó que, frente al primer semestre de 2024, la pobreza bajó de 52,9% a 32,3%. La disputa es, entonces, doble. Una es empírica (cuánta gente no llega) y la otra es causal (de quién es la responsabilidad). Para la segunda hace falta mirar qué hace cada nivel del Estado.
La ficción de la autonomía
La promesa de las plataformas de delivery, el monotributo o las changas emprendedoras se vende como la conquista de la autonomía: “sé tu propio jefe”. Esa autonomía es una ficción. Un joven que reparte en moto o un comerciante que alquila un local y quiebra no son dueños de su tiempo ni de su destino; son trabajadores que asumen todos los riesgos sin ninguna red de contención.
El trabajo asalariado ya no es la barrera de contención que era antes. El 80% de los trabajadores argentinos gana menos de $1.500.000 al mes. La Canasta Básica Total para una familia tipo superó los $1.632.505 en septiembre de 2026. Salvo que el trabajador conviva con otros asalariados —red familiar que subsidia la precariedad—, ese 80% es pobre, con o sin infraestructura. El 56,5% de los trabajadores pobres tiene empleo registrado. Esta “libertad sin protección” conduce a “la peor de las servidumbres, la servidumbre de la necesidad”, como advirtió Castel (1997).
La caída de la sociedad salarial y la “economía de refugio”
¿Cómo llegamos a este punto? En el siglo XIX el trabajador producía riqueza, pero no tenía derechos. La sociedad salarial del siglo XX logró una “integración en la subordinación”; el obrero fordista seguía subordinado al capital, pero estaba integrado a la sociedad a través de un salario estable, obra social, vacaciones y un barrio. Ese mundo se desmoronó.
Hoy, el repartidor ejecuta tareas que le impone el algoritmo, pero está expulsado de la red de protecciones. Ha vuelto a ser un trabajador que no es explotado en el sentido clásico, sino que simplemente “está de más” en los circuitos formales. Bien advirtió Carlos Tomada que “Todos los que en realidad deberían aparecer como desocupados están pedaleando”. Esa es la economía de refugio, que aunque lo intente ya no logra disfrazar la precarización y el desempleo masivo. La autonomía de las plataformas es la “libertad” de autoexplotarse para sobrevivir.
La institucionalización de la precariedad (La Ley 27.802)
La precarización conviene al mercado, es una decisión política. El 27 de febrero de 2026, el Congreso sancionó la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Esta norma creó los Fondos de Asistencia Laboral para financiar indemnizaciones con aportes patronales, eliminó la ultraactividad de los convenios vencidos y permitió ampliar la jornada diaria de 8 a 12 horas. Pero el punto más grave es el régimen especial para las plataformas de reparto y movilidad: los trabajadores quedan como “independientes”, sin relación de dependencia. El Gobierno defendió la ley como un modo de reducir la litigiosidad y fomentar el empleo formal. El peronismo la calificó como un “subsidio al despido”. El Estado nacional, en lugar de garantizar derechos, legalizó la precariedad.
La trinchera provincial
Ante la expansión del mercado, la sociedad reacciona para protegerse. En la Argentina esa disputa se libra entre un Estado Nacional que se retira y un Estado Provincial que intenta contener la marea. El Gobierno nacional avanza con el “desguace”: recorta transferencias a las provincias, retacea fondos del Fondo Hídrico (provocando la denuncia penal del ministro Gabriel Katopodis), privatiza AySA y suprime la Dirección Nacional de Sistemas de Información Sanitaria.
La tierra y la naturaleza están en juego en la privatización de AySA, formalizada por el Ministerio de Economía el 14 de mayo y a la que la Provincia se opondrá en la audiencia pública del 26 de octubre, y en el Fondo Hídrico, cuyo uso discute el Ejecutivo bonaerense. El trabajo está en la reforma laboral, en el recorte de la educación técnica y en la discusión sobre las plataformas. El dinero está en la deuda de las familias, con sus 5,9 millones de personas en situación irregular, y en la disputa por la coparticipación: un relevamiento difundido el 17 de octubre calcula recortes de transferencias nacionales a las provincias por unos 18.500 millones de dólares desde 2023, y la Provincia reclama 6,6 billones por coparticipación y más de 15 billones por obras públicas.
Está también el hambre artificial: en una sociedad donde el acceso a la comida está mediado por el mercado, quien se queda sin salario no come aunque los supermercados estén llenos.
Frente a esto, la Provincia de Buenos Aires intenta sostener la “propiedad social”. Axel Kicillof entregó 93 viviendas en Ezeiza, reactivó el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en Castelli que la Nación había paralizado, y ofrece un plan de pagos en ARBA con quitas de hasta el 40%.
Sin embargo, el propio gobernador reconoció que “No hay soluciones provinciales a problemas nacionales”. La Provincia puede amortiguar, pero no puede reponer el derecho del trabajo ni las condiciones de consumo que en Argentina se sostuvieron un tiempo más allá de 2015. Hablamos del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) más alto de América Latina medido en dólares y de una política de crédito productivo con tasas fijas subsidiadas del 18% al 19% para las PyMEs. Ese piso de protección, que integraba salario y crédito barato, es el que en el 2026 se ha desmoronado. Las mayorías populares quedan sin margen de ahorro.
Lo que hace la PBA es una protección parcial y condicionada. Puede sostener obras, créditos y servicios dentro de su presupuesto, pero no puede revertir las reglas que se definen arriba. Hay, además, un dato que el propio comunicado oficial reconoce al anunciar la paritaria del 6% en dos tramos, con reapertura en diciembre: la situación económica y financiera de la Provincia es compleja por la caída de la recaudación y de los recursos nacionales. El contramovimiento administra escasez.
El empleo sigue siendo la puerta de acceso a la vida digna, pero ¿qué lugar le damos al trabajo en una sociedad donde el empleo estable ya no alcanza para todos?
Una semana tipo en la PBA
Los actos del gobernador combinan una o más obras concretas, una cifra de inversión y esperables críticas a la Nación. El 15 de octubre, Kicillof participó en CABA de la V Marcha Federal Universitaria, por la Ley de Financiamiento Universitario. En los últimos días presentó además, en Villa Fiorito (Lomas de Zamora), el programa Empleo Verde Joven; en City Bell (La Plata), se entregó el crédito número 500.000 de Provincia Microcréditos; y en Bragado se lanzó el Visor Hidrometeorológico.
El 19 de octubre se abrió en Mar del Plata la etapa final de los Juegos Bonaerenses, que se juegan hasta el 23. Ese mismo día, en Castelli, la Provincia reactivó un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y entregó viviendas, escrituras y netbooks, en obras que, según la gacetilla oficial, habían quedado paralizadas bajo administración nacional. También el 19 se anunció la paritaria docente y de la Ley 10430, con un 6% en dos tramos y reapertura en diciembre, y el plan especial de pagos de ARBA, con quitas de hasta 40% al contado desde el 26 de octubre. Al día siguiente, en Ezeiza, se entregaron 93 casas y se inauguró la Casa de la Provincia, además de recorrerse la empresa Surfrigo, que amplió su capacidad con un crédito del Banco Provincia.
Vivienda y servicios. En Tristán Suárez la Provincia entregó 93 casas de 62 metros cuadrados, con agua potable y cloacas, para familias que vivían junto al arroyo Güemes, una zona inundable, con una inversión de $11.274 millones. Inauguró además la Casa de la Provincia, que concentra en un solo lugar trámites de ARBA, IOMA, el Registro de las Personas y el IPS. En Castelli, según el título de la gacetilla, entregó viviendas que habían quedado paralizadas bajo administración nacional y reactivó un Centro de Desarrollo Infantil.
Agua y clima. El Visor Hidrometeorológico es una plataforma pública y gratuita que reúne datos en tiempo real de 150 estaciones (42 de gestión provincial), y cada uno de los 135 municipios podrá armar sus propios tableros. Forma parte de un plan de gestión del riesgo que anticipa la posibilidad de episodios de El Niño de gran intensidad en la segunda mitad de 2026 y en 2027, y proyecta llegar a 250 estaciones entre 2026 y 2030. El ministro Gabriel Katopodis lo vinculó con el reclamo central de su cartera: el Fondo Hídrico recibe por ley el 4,31% del impuesto a los combustibles para prevenir inundaciones, y desde 2024 acumula 402.931 millones de pesos de los cuales, según la Provincia, solo el 36,7% se destinó a obras. De ahí la denuncia penal anunciada contra el Presidente y el ministro de Economía. Hasta el cierre de esta nota no se encontró una respuesta pública del Gobierno nacional a esa denuncia.
Trabajo y formación. Empleo Verde Joven, que alcanza a 178 instituciones técnicas y de formación en 118 municipios, entrega equipamiento solar a escuelas técnicas, organiza prácticas profesionalizantes y capacita docentes. En el acto, Kicillof planteó que las escuelas técnicas son “un engranaje fundamental” entre el sistema educativo y el mundo del trabajo, y acusó a la Nación de quitar fondos y suspender la entrega de equipamiento. Sobre esto último hay datos fuera de la Provincia: el Presupuesto 2026 (Ley 27.798, art. 30) derogó, según informan las provincias y un pedido de informes en Diputados, el piso del 0,2% de los gastos corrientes que financiaba la educación técnico-profesional, y provincias de otro signo político, como Santa Fe, también informaron un recorte sustancial de los fondos del INET para 2026, que según su ministro solo alcanzan para gastos corrientes. Un relevamiento de CTERA estima el recorte del INET en 84,5%. Tampoco se encontró una respuesta oficial sobre estos datos.
Crédito y deuda. Provincia Microcréditos, la empresa de microfinanzas del Banco Provincia, entregó su crédito número 500.000: en seis años otorgó 260.000 créditos por $1,5 billones. La Provincia la presenta como una “red de contención” frente a modelos de sobreendeudamiento y sostiene que sus costos financieros son los más bajos del mercado. Y el plan de pagos de ARBA ofrece quitas de hasta 40% al contado entre el 26 de octubre y el 13 de noviembre, que bajan cada dos semanas hasta fin de año, sobre Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario, Automotor y Embarcaciones Deportivas, con el argumento de evitar que las deudas terminen en juicio.
Tiempo y comunidad. Los Juegos Bonaerenses reúnen a 30 mil deportistas en más de 100 disciplinas, con 504 mil inscriptos de 135 municipios, un 12% más que el año pasado. Kicillof dijo que la Nación recortó un 70% los recursos de deporte y casi hizo desaparecer los Juegos Evita.
Para Castel, la sociedad salarial se sostenía en un conjunto de condiciones, entre ellas el acceso a la propiedad social y a los servicios públicos. Las viviendas de Ezeiza y Castelli, el centro de desarrollo infantil, la Casa de la Provincia, la mejora de servicios en el territorio y el plan de pagos de ARBA son, en esos términos, propiedad social y servicios públicos: bienes y garantías que no dependen del mercado y que anclan a las personas a la sociedad. Cuando Kicillof dice que “gobernar es generar trabajo, construir viviendas y saldar deudas históricas”, está hablando en ese registro.
El derecho del trabajo es competencia del Congreso. La Ley de Modernización Laboral, sancionada el 27 de febrero de 2026 con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones, excluyó de las leyes laborales a quienes prestan servicios de reparto y movilidad a través de plataformas, creó el Fondo de Asistencia Laboral y modificó el cálculo de las indemnizaciones. Ninguna paritaria bonaerense puede modificar eso. Tampoco puede una provincia fijar las normas de consumo, que dependen del salario real y del tipo de cambio, ni las reglas de la moneda y el crédito. Es la diferencia entre amortiguar y reconstruir.
El Gobierno nacional discute este diagnóstico. Sostiene que existía una “industria del juicio laboral”, que hay unos seis millones de trabajadores informales (alrededor del 40% del mercado laboral) a los que la legislación anterior no protegía en los hechos, y que la reforma busca reducir la litigiosidad y fomentar el empleo formal. Bullrich la defendió como corrección de “una estafa moral”. Del otro lado, Capitanich y Recalde sostuvieron en el Senado que el Fondo de Asistencia Laboral es un incentivo a los despidos y una estatización de la deuda privada de los empleadores. La discusión de fondo es si formalizar exige flexibilizar o si flexibilizar precariza.
Los Juegos Bonaerenses
Frente a la destrucción del empleo por la tecnología, las plataformas digitales, lejos de liberar tiempo, lo esclavizan con la hiper-conexión y el algoritmo. Frente a esa lógica de rendimiento y autoexplotación, la Provincia intenta construir espacios de tiempo libre y lazos sociales. Los Juegos Bonaerenses son el ejemplo de mayor escala: en su 35ª edición, que se desarrolla entre el 19 y el 23 de octubre en Mar del Plata, alcanzaron un récord de 504 mil inscriptos (un 12% más que el año pasado) de los 135 municipios, con 30.000 deportistas en la final y una inversión de $21.000 millones.
Pero no se trata solo de una competencia deportiva. Con más de 100 disciplinas, es un espacio de inclusión real que reúne a jóvenes, personas con discapacidad, trasplantadas y adultos mayores. Y, como destacó el ministro Andrés Larroque, en un contexto económico complejo, es un impulso directo para el turismo, el comercio y la economía de Mar del Plata.
Todo lo contrario a la política nacional. Mientras el Gobierno de Milei abandona el deporte, recorta un 70% los recursos destinados al sector y prácticamente hace desaparecer los Juegos Evita, la Provincia redobla la apuesta. “En un contexto en el que a muchas familias les cuesta cada vez más acceder a propuestas deportivas y culturales, es fundamental que exista un Estado que acompañe y garantice estas oportunidades”, sintetizó Kicillof. O como dijo en su discurso: “La motosierra le llegó a los pibes, la motosierra le llegó al deporte”.
Desacreditar para desmantelar
En una clase de Trabajo y Empleo de un doctorado en Ciencias Sociales se describió una secuencia que se repite cuando se quieren desarmar derechos o servicios públicos: primero se construye la idea de que son ineficaces o ilegítimos, y después se los desmantela; el ejemplo fueron las privatizaciones de los años noventa y el argumento de que los teléfonos del Estado no servían. Aplicado al cruce de esta semana, la descalificación de la queja por llegar a fin de mes como una “pelotudez” puede leerse como primer paso de esa secuencia: si el problema no existe, no hay nada que reparar ni que financiar. La Provincia, en cambio, pone su discurso del lado contrario, el de reconocer el problema y mostrar qué hace con él. Es una diferencia política legítima, aunque las medidas no sean suficientes.
Kicillof lo dijo: “no alcanza con el esfuerzo individual, hace falta un mercado interno fuerte y salarios dignos”. Es una crítica al emprendedorismo, la ideología del emprendedor que celebra la autonomía mientras traslada riesgos al individuo. Pero la Provincia también entrega microcréditos a “trabajadores independientes”. Es la tensión de gobernar la crisis sin poder cambiar sus reglas.
¿Libertad de qué?
Pensemos en un repartidor que mira su cuenta de billetera virtual para ver si le alcanza para pagar la tarjeta: condensa la crisis terminal de la sociedad salarial. Es un “supernumerario” que no tiene lugar en las estructuras de protección que el Estado de bienestar inventó hace ochenta años. La sociedad vuelve a estar escindida por la doble oposición entre capital y trabajo, y entre seguridad-propiedad y vulnerabilidad de masas.
Las changas, el monotributo y las plataformas digitales no representan una alternativa real de autonomía, sino la forma más sofisticada de precarización. Desmantelaron la sociedad salarial construida durante el siglo XX y hundieron al trabajador en una zona de vulnerabilidad de la que resulta muy difícil escapar.
La libertad de las plataformas es la de autoexplotarse, de asumir todos los riesgos sin ninguna red de contención, de vivir endeudado para llegar a fin de mes. Esa libertad es la servidumbre de la necesidad. Recuperar la autonomía genuina exige una política pública que vuelva a poner al ser humano y a sus derechos en el centro de la escena, regulando el algoritmo y garantizando que el trabajo, sea un puente de integración social y no un abismo de exclusión.
M J F ·
