CRISTINA ANTE GINEBRA: IECSA, de Calcaterra, el primo de Macri, cobró 19 veces más que Báez

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner lleva al Comité de Derechos Humanos de la ONU una prueba que, según sostiene, desarma el eje fáctico de la condena por Vialidad: el 0,85% de los fondos del fideicomiso vial terminó en las empresas de Lázaro Báez entre 2009 y 2015. El dato surgió de un testigo convocado por la propia Fiscalía en la causa Cuadernos, y fue reconstruido por una auditoría encargada por la defensa. Con esa prueba, buscará una cautelar que suspenda la inhabilitación perpetua. Mientras tanto, el país se desindustrializa y el Estado se vacía.

Para los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, esa cifra desarma el argumento central de la condena: que el Decreto 54/2009 fue dictado con el “exclusivo propósito” de beneficiar a Lázaro Báez. La empresa que más cobró en ese período fue IECSA, de Angelo Calcaterra, primo hermano de Mauricio Macri, con el 16,36%.

El dato apareció el 6 de agosto de 2026, en el marco de la causa Cuadernos, cuando un técnico de Vialidad Nacional, convocado como testigo por la Fiscalía, exhibió una planilla con el detalle del gasto del fideicomiso. “Nosotros no habíamos podido ver eso antes”, reconoció Carlos Beraldi en la conferencia de prensa. “La verdad a veces sale a la luz de la manera más inesperada”.

El informe, encargado por la defensa al economista brasileño Antonio Corrêa de Lacerda, analizó 367 obras de la Fuente 14, 114 constructoras y US$2.200 millones desembolsados. De esas obras, 17 están vinculadas a Vialidad y recibieron US$18,66 millones: el 0,85%. El Grupo Austral no aparece entre las 15 primeras constructoras.

El nudo legal

La defensa pidió, durante el juicio de Vialidad, una pericia contable sobre la totalidad de las obras del país. El tribunal la denegó. Esa pericia nunca se hizo. Lo que aparece ahora, en la causa Cuadernos, es una planilla que exhibió un testigo convocado por la propia Fiscalía, y que permite reconstruir el dato que la defensa buscaba: cuánto de ese fondo fue a las empresas de Báez y cuánto a las demás constructoras. El 0,85% no existía en el expediente de Vialidad. Es una prueba que la defensa pidió, se le negó, y ahora aparece por otra vía.

Ese matiz es central, porque el artículo 366 del Código Procesal Penal Federal habilita revisar una sentencia firme cuando aparece prueba nueva. La defensa sostiene que esta planilla lo es, porque el tribunal de Vialidad impidió que se produjera cuando fue solicitada. Un tribunal deberá decidir si eso configura el supuesto que la norma exige.

El constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra ya había señalado esa pericia denegada como un punto central de su crítica al fallo.

“La defensa había solicitado una pericia sobre la totalidad de las obras realizadas —que se verificara si se acreditaron, cómo y cuándo se pagaron, cómo se ejecutaron—, y esa prueba fue denegada. En los términos de la propia jurisprudencia de la Corte, la denegación de prueba decisiva para la solución del litigio configura arbitrariedad”.

Además, Casación y la Corte Suprema revisan sentencias, no juicios: lo que la defensa persigue es reabrir el juicio a partir de un hecho nuevo, un estándar más exigente que una revisión directa del fallo. Un magistrado de los tribunales de Comodoro Py, consultado por Infobae tras la conferencia, señaló que esta cuestión ya fue tratada y rechazada varias veces, y remarcó que el informe de la defensa se basa en datos nacionales, mientras que en el juicio se debatió solamente la obra pública en Santa Cruz, donde Báez se quedó con “cerca del 85%” de las obras. Son dos universos distintos: el 0,85% mide el total de fondos de la Fuente 14 a nivel nacional entre 2009 y 2015; el 85% mide la porción de las obras santacruceñas que efectivamente se juzgaron en Vialidad.

Esa concentración, por sí sola, no acredita direccionamiento: es esperable que una empresa radicada en Santa Cruz gane una porción alta de las licitaciones de esa provincia. La condena necesitaría probar la intención de beneficiarlo, no solo la coincidencia territorial. Cuál de los dos recortes es el pertinente para sostener o descartar la hipótesis de la condena sigue siendo una discusión abierta.

Ferreyra lo plantea como una violación del principio de ofensividad:

“Para que haya fraude contra la administración pública debe existir un daño concreto a esa administración. ¿Cuál fue ese daño? No lo sé. Existe una presunción construida por los medios de comunicación hegemónicos sobre el costo de las 51 obras en cuestión, a partir de la cual se estima un sobreprecio del veinte por ciento. Son especulaciones, hipótesis especulativas”.

Lo que dice la defensa

La defensa sostiene que la condena por administración fraudulenta se construyó sobre una premisa falsa: que el Decreto 54/2009 buscó beneficiar exclusivamente a Báez. Según Beraldi, la acusación inicial incluía leyes de presupuesto y decretos que “se desmoronaron” durante el juicio: legisladores declararon que las normas eran legítimas y los jefes de gabinete negaron presiones. Cristina no fue condenada por asociación ilícita.

El argumento tiene cuatro ejes: el decreto era una norma general de reasignación presupuestaria, no de ejecución dirigida; ningún testigo declaró que Cristina hubiera ordenado un pago concreto, porque el fondo lo administraba Vialidad como ente autárquico; el 0,85% desarma la hipótesis de direccionamiento (“resulta difícil sostener que todo el mecanismo haya sido creado exclusivamente para beneficiarlo”, dijo Beraldi); y una pericia contable sobre el total de obras del país fue pedida, reconvertida varias veces y nunca realizada, hasta que la Corte no ingresó al fondo del planteo por considerarlo, en su momento, prematuro.

“Es todo quitar, arrojar, expulsar, sea como sea, de la política de la Argentina a una mujer porque estorba”, dijo el abogado español Javier Borrego, y calificó la sentencia de 1.616 folios como “un delirio”.

Con esta prueba, la defensa incorporará el informe como adenda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y evalúa un recurso de revisión ante Casación. “Se creó una mentira para condenar a la presidenta Cristina”, dijo Rafael Valim.

Ferreyra lo plantea como una violación del principio de legalidad:

“Esos deberes funcionales estaban a cargo de los jefes de gabinete, ninguno de los cuales fue procesado […] La responsabilidad sobre los procesos licitatorios y la ejecución presupuestaria corresponde, institucionalmente, al jefe de gabinete; basta con leer cómo está construida la institución”.

Los jueces que intervinieron

La condena fue confirmada por instancias cuyos integrantes fueron, en su mayoría, designados durante el gobierno de Macri. Rosatti y Rosenkrantz fueron designados en comisión por decreto en diciembre de 2015 y sus pliegos fueron aprobados por el Senado en junio de 2016. Mahiques fue trasladado a Casación Federal por decreto en 2018; Bruglia fue trasladado ese mismo año, en un movimiento que la Corte luego consideró no equivalente a un nombramiento permanente. Borinsky visitó a Macri en Olivos al menos 15 veces, según registros citados por Infobae y Página/12; Hornos se reunió con él 6 veces y admitió que hablaban de “política judicial y penitenciaria”. Los jueces del TOF 2 y el fiscal Luciani, en cambio, fueron designados durante los gobiernos de Cristina.

En octubre de 2022, jueces federales, funcionarios porteños y directivos de Clarín viajaron a la estancia Lago Escondido, de Joe Lewis. Entre ellos, Julián Ercolini, el juez que instruyó Vialidad. La fiscal de Bariloche los investigó por dádivas; el juez Ramos anuló esa causa en 2023 por “origen viciado”, y el fiscal que la investigaba murió de cáncer meses después. En enero de 2026 el Gobierno acordó con Lewis el cierre de otra causa sobre tierras fronterizas, que pasó a ser reservada.

Para Ferreyra, ese entramado de relaciones configura, además, una violación constitucional puntual:

“También se vulneró el principio de imparcialidad: quedaron probadas relaciones entre quienes tuvieron a cargo el juzgamiento que afectaban seriamente esa neutralidad que tiene fundamentos y exigencias constitucionales. Esa alteración se produjo tanto en primera instancia como en la Cámara. No fue considerada por la Corte en su sentencia final”.

La doble vara

Menem estuvo detenido 167 días en 2001, sin tobillera ni restricciones de visitas (medida que la Cámara Federal revocó); fue absuelto en 2018 por “plazo razonable” y murió en 2021 sin prisión efectiva. De la Rúa fue absuelto y sobreseído en sus causas y murió libre en 2019. A Macri le archivaron en 2026 la causa del FMI, como “decisión política no judiciable”; la del Correo Argentino sigue abierta, sin procesamiento. Ninguno de los tres tuvo prisión efectiva ni inhabilitación perpetua. Cristina cumple domiciliaria desde junio de 2025, con tobillera y restricciones de visitas.

La asimetría, para la defensa, es también actual. Karina Milei fue señalada por presuntas coimas en la ANDIS (audios y un chat la mencionan como receptora del 3%), con 29 indagatorias pedidas por el fiscal Picardi, pero ella no fue indagada. Una comisión del Congreso concluyó que Javier Milei y su hermana “utilizaron sus cargos para promocionar” la cripto $LIBRA, cuyo desplome dejó pérdidas estimadas de 100 a 120 millones de dólares a 114.410 inversores.

El atentado que la Justicia dejó a mitad de camino

Hay un capítulo que excede la comparación entre expresidentes: un intento de magnicidio con financistas señalados que, hasta ahora, terminaron impunes. El 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel gatilló un arma a centímetros de la cabeza de Cristina. El disparo no salió. Él fue condenado a 10 años (14 unificados) y Brenda Uliarte a 8 años y 2 meses; Nicolás Carrizo fue absuelto. El juicio no investigó autoría intelectual: se impuso la hipótesis de “dos loquitos sueltos”.

La pista sobre el financiamiento del clima previo sí se investigó, y quedó trunca. La fiscalía apuntó a pagos del Grupo Caputo Hermanos a Jonathan Morel, líder de Revolución Federal (la agrupación que marchaba con guillotinas pidiendo “cárcel o bala”); el juez Martínez de Giorgi sobreseyó a los Caputo por falta de prueba de que conocieran su militancia. Los integrantes de Revolución Federal sí van a juicio oral.

Otra pista tampoco llegó a juicio: la del diputado Gerardo Milman, grabado la víspera diciendo “cuando la maten, yo estoy camino a la costa”. Según reveló Página/12, una exasesora suya declaró que el contenido de su teléfono, el de otra asesora y el del propio Milman fue borrado por un técnico en una oficina de Patricia Bullrich. El peritaje posterior de su celular no arrojó pruebas, en parte porque el dispositivo había sido comprado después del atentado. La jueza Capuchetti archivó la causa contra Milman en octubre de 2025.

El ajuste y la entrega silenciosa

Con Cristina presa, la economía se resiente, el aparato productivo se apaga y el Estado se vacía.

Según el INDEC, la informalidad laboral llegó a 44,2% en el primer trimestre de 2026, con 5,9 millones de personas sin aportes, el nivel más alto en dos décadas, y la inversión cayó 11,6% interanual, cuarto trimestre consecutivo en baja. El salario mínimo es el tercero más bajo de América Latina (unos US$251), con una caída del poder adquisitivo cercana al 39% desde noviembre de 2023. Según el Observatorio de Tierras, hay 13 millones de hectáreas en manos extranjeras.

El caso de la discapacidad resume ese deterioro. El Congreso rechazó por dos tercios el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. El Gobierno la promulgó como Ley 27.793 y suspendió inicialmente su ejecución mediante el Decreto 681/2025. La Justicia ordenó posteriormente su aplicación. Ahora, el proyecto de Presupuesto 2027 propone modificar nuevamente el régimen, entre otras cosas, con una pensión equivalente al 70% del haber mínimo y restricciones para compatibilizarla con empleo formal.

El INTA perdió más de 800 puestos desde diciembre de 2023 y sus estaciones experimentales están paralizadas; los investigadores que desarrollaron las variedades de trigo que hicieron a la Argentina exportadora se fueron o cobran salarios que no alcanzan. El INTI perdió más de 860: sus laboratorios están vacíos, y el Gobierno envió al Congreso un proyecto para privatizar la certificación, de modo que las normas de seguridad las fijen empresas privadas y no el Estado. El SENASA perdió más de 1.000: sus controles de frontera se redujeron, y los exportadores ya advirtieron que, si el organismo no certifica, los mercados se cierran.

A la pérdida de puestos de trabajo, se añade el deterioro de las capacidades estatales. El Estado deja de poder controlar, de poder certificar, de poder investigar. Y cuando el Estado se retira, ocupa su lugar el mercado, que no controla, sino que certifica lo que le conviene.

El desmantelamiento no se detiene en los organismos técnicos: alcanza también a las universidades. El Presupuesto 2025, prorrogado por segundo año consecutivo sobre la base del Presupuesto 2023, mantuvo una estructura de financiamiento que las universidades denunciaron como insuficiente. El IIEP-UBA/CONICET estimó para marzo de 2026 una caída real del 34% de los salarios docentes universitarios respecto de noviembre de 2023.

El sistema científico perdió 6.400 puestos entre diciembre de 2023 y junio de 2026; el CONICET concentró 2.051 bajas. Según el análisis del Grupo EPC-CIICTI, la inversión pública en ciencia y tecnología se proyecta en 0,14% del PBI en 2026, el nivel más bajo de la serie iniciada en 1972. El 31 de julio de 2026, 379 becarios posdoctorales quedaron fuera del sistema al no otorgarse prórrogas hasta la convocatoria CIC prevista para agosto de 2027.

La universidad pública no es solo el lugar donde se dictan clases: es donde se investiga, donde se forma a los profesionales que sostienen el sistema de salud, donde se producen los conocimientos que después se aplican en la industria y en el campo. Cuando se la desfinancia, no se pierde solo educación. Se pierde la capacidad de pensarnos como país.

Cristina

El 29 de julio de 2026, Cristina presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con una carta publicada simultáneamente en El País, Libération y Folha de S.Paulo.

“Todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal.” Sobre el género: “Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer”. Y lanzó la pregunta que atraviesa el caso: “¿Ser la única mujer electa y reelecta Presidenta y, al mismo tiempo, la única expresidenta condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?”. Sobre el lawfare: “Una democracia deja de ser plenamente democrática cuando los jueces sustituyen la voluntad popular”. Y cerró: “No responderé con odio. No responderé con violencia. Responderé con más Derecho, con más democracia y con más verdad”.

El estado de inocencia invertido

Ferreyra cita a Julio Maier, para quien no corresponde hablar de “principio de inocencia” sino de “estado de inocencia”, una condición que el Estado debe desarmar acumulando prueba. En este proceso, sostiene Ferreyra, esa lógica estuvo invertida desde el comienzo.

“Una sentencia arbitraria no lesiona solamente a quien la sufre en su cuerpo y en su libertad. Lesiona, sobre todo, la confianza que la ciudadanía deposita en sus tribunales.”

Ferreyra cierra su disertación parafraseando a Albert Camus: “Una de las más altas aflicciones del ser humano es ser juzgado sin ley. Así se está: en ‘la caída'”.

Los dados están en el aire

El informe del 0,85% se incorporará como adenda ante el Comité, buscando una cautelar que suspenda la inhabilitación perpetua y permita a Cristina competir en 2027. El Comité se reúne del 19 de octubre al 6 de noviembre en Ginebra. En medio de la crisis presupuestaria y de liquidez de la ONU, los órganos de tratados redujeron de tres a dos sus períodos de sesiones anuales, y no hay confirmación de que el caso argentino sea tratado en esa fecha. Sus dictámenes no revocan sentencias firmes de manera automática. El antecedente “Fontevecchia”, que suele citarse en estas discusiones, corresponde a la Corte Interamericana, no al Comité de la ONU: son dos sistemas distintos y conviene no equipararlos. El segundo camino es un recurso de revisión ante Casación, con el artículo 366 como base legal.

En la conferencia previa, Borrego había sugerido que Cristina podría presentarse a las PASO. Beraldi le bajó el tono: “Como somos gente seria, vamos a ir paso por paso”, dijo. Primero el Comité, después el recurso. No hay anuncio de candidatura.

¿Alcanza el 0,85% para torcer una condena confirmada por la Corte Suprema? La defensa apuesta a que sí, con una cadena de instancias inciertas: primero un organismo internacional sin fecha segura, después un tribunal que deberá decidir si la planilla es prueba nueva o si el planteo se cae por tratarse de algo que ya estaba disponible.

Por Julieta Fiorentino · Asistencia IA