Por la educación, la soberanía y la democracia
ZOOM · Análisis
Mientras la Nación enviaba infiltrados a la marcha universitaria para embarrar la cancha y justificar la represión, a su vez, el oficialismo blindó el DNU 70/2023 negociando obras públicas por votos. El modus operandi de discrecionalidad atraviesa el maquillaje de la pobreza en el INDEC y el laberinto de parches en la coparticipación. Analizamos cómo el poder de turno administra la incertidumbre torciendo las reglas a su favor.
El jueves 15 de octubre dejó una postal precisa de cómo se ejerce el poder en la Argentina. A las 15 horas, las fuerzas de seguridad ya lanzaban gases lacrimógenos contra la Marcha Federal Universitaria. La lectura del documento oficial estaba prevista para las 16. La represión se produjo antes del acto central. En esa postal, los medios y las redes repitieron los piedrazos de un grupito de encapuchados, que opacaron la imagen de la gran marcha pacífica. Esos pocos justificaron una coerción desmovilizadora.
Entre los heridos quedaron el fotógrafo de Página/12, Guido Piotrkowski, con un disparo de bala de goma en el pecho, y la periodista Laura Quispe, de Telesisa, con siete impactos en la cadera y la cintura. Pero el gas no distinguió entre los infiltrados que arrojaban piedras —un grupo minúsculo— y los periodistas y manifestantes pacíficos. Según la Comisión Provincial por la Memoria, se lanzaron más de 120 granadas y hubo más de 550 personas afectadas.
Ni siquiera el móvil de C5N, que transmitía en vivo, logró escapar al avance de los gases. El hecho sugiere que la operación no solo buscaba despejar la calle: también apuntaba a tapar las cámaras y controlar el relato posterior.
A pocas cuadras, en el Congreso, la oposición fracasaba en su intento de abrir la sesión para frenar el DNU 70/23. Faltaron ocho voluntades. Los diputados que responden a los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; y las sorpresivas ausencias de Paulo Tita (Tierra del Fuego) y Estela Neder (Santiago del Estero), dejaron las bancas vacías. En paralelo, el oficialismo blindaba su decreto y se anunciaban obras clave (como el tramo II de la Ruta 40 en San Juan o los ramales del Belgrano Cargas en Salta). Para quitarle argumentos a la oposición, el oficialismo dictaminó restituir la Ley de Tierras. El federalismo se convirtió en un mercado persa.
La Argentina es una federación con alta descentralización de la gestión. Las provincias concentran alrededor del 80% del empleo público y tienen a su cargo la salud, la educación y la seguridad. Sin embargo, la Nación concentra alrededor del 70% de la recaudación (según los datos citados por Abal Medina y Cao). Esta disociación entre incumbencias y recursos es el núcleo del problema. El cruce es claro: una crisis de representatividad (los diputados responden a los gobernadores, no al Congreso) y una crisis de gobernabilidad (el Ejecutivo no negocia leyes, impone decretos).
Plantear la discusión en términos de provincias que “aportan” o “reciben” es inadecuado (Marcelo Leiras 2024). El criterio correcto es cómo distribuir las responsabilidades para asegurar niveles semejantes de bienes públicos en todo el país. Para ordenar ese reparto falta la ley de coparticipación que manda la Constitución. La que sigue aplicándose (la 23.548) se sancionó en 1988 por dos años y lleva casi cuatro décadas de transitoriedad. Al no haber reglas claras, el reparto de la coparticipación se define por decretos, fallos y parches.
Esa falta de reglas explica por qué los gobernadores terminan negociando una ruta por un voto. El sistema de partidos está “segmentado” (Leiras, 2024), y a cada gobernador le rinde más el trato bilateral que una regla general que lo iguale. No actúan como un bloque nacional, sino como redes de intereses encapsulados (Hardin, 1999, como se cita en Montero et al., 2008), donde cada gobernador solo confía en el otro en la medida en que ese otro protege su interés provincial. Traducido: cada uno cuida su propia caja y su propio territorio. Al Ejecutivo nacional le conviene este régimen transitorio porque el parche le da poder de caja. El Estado nacional está presente para negociar, pero ausente para garantizar.
Si las reglas se tuercen para repartir los fondos, también se tuercen para medir la realidad. Según el INDEC, la pobreza en el primer semestre de 2026 fue del 32,3%. Pero, como demostró Hernán Letcher, esa cifra es una ficción ya que se construye sobre una canasta que subestima el costo de vida. La canasta con la que se mide oficialmente la pobreza en Argentina se basa, en gran parte, en encuestas de consumo del siglo pasado; no capta la estructura actual de gastos de los hogares (alquileres, servicios públicos y conectividad) y sobreestima la capacidad de compra de los ingresos informales frente a la inflación real de los servicios.
Incluso si se corrige la metodología y el número trepa al 40% o 42%, como propone Letcher, ese cálculo sigue siendo benévolo. La estadística corrige el porcentaje, pero invisibiliza a quienes quedamos afuera. Es como medir el empleo: si trabajás una hora a la semana ya figurás como empleado, aunque ni en sueños llegues a fin de mes. Lo mismo pasa con la pobreza. El sistema te saca de la foto del Excel, pero la realidad no cambia. Tenés la casa y el auto de otra época, pero la heladera está vacía y la infraestructura se viene a pique. A eso no lo llaman pobreza: lo llaman “vulnerabilidad”. Pura semántica. Puro relato.
Detrás de esta cortina de humo hay una realidad que el Gobierno no puede ocultar. Según los registros del FMI al 31 de mayo de 2026, Argentina tenía créditos pendientes por 42.552 millones de DEG, equivalentes a unos USD 57.700 millones al tipo de cambio del organismo. Ese stock la ubica como el mayor deudor individual del Fondo, muy por encima del segundo del ranking de exposiciones crediticias (FMI, 2026). Y el FMI le exige un ajuste. La titular del organismo, Kristalina Georgieva, lo llama “ampliar el espacio fiscal”. No dice “ajuste”. Pero es ajuste.
Hay un dato que expone la hipocresía del FMI: la Argentina paga una sobretasa por haber contraído una deuda con el organismo que ronda los 60 mil millones de dólares. Un préstamo que, según los propios reglamentos del FMI, no debió haber sido otorgado (Carlos Heller, Página/12). Entonces el Fondo nos presta lo que no debería, nos cobra una multa por hacerlo, y los economistas ortodoxos justifican el recorte a las universidades y a los jubilados como el único camino posible para no caer en default.
Frente a esta lógica, las voces del arco opositor han sido claras. Axel Kicillof ha sostenido que “no se puede aceptar un ajuste” y que “el Fondo tiene que entender que en Argentina no hay lugar para hacer ajustes”. En 2026, tras un nuevo acuerdo, denunció que “Milei celebra más deuda, ajuste y sumisión al FMI” y calificó el salvataje como “una estafa piramidal”. Máximo Kirchner, por su parte, presentó un proyecto de ley para que “ninguna operación de crédito se decida por decreto” y para renegociar el préstamo de 2018, advirtiendo que “no es posible reconstruir la economía argentina dentro de las coordenadas impuestas por el FMI”.
Si de equilibrar las cuentas se trata, el ajuste no es la única salida. La premisa oficial es que no hay plata y que cobrarle impuestos a los multimillonarios espanta la inversión. Pero ¿qué inversión? ¿La que se fuga al exterior o la que se blanquea a través de regímenes como el RIGI y el Súper RIGI, que benefician a los que se llevan la riqueza en pala? Si a esas 13.000 personas más ricas del país les molesta pagar impuestos para sostener la educación pública, que se vayan. Si el negocio de ellos solo es rentable en la medida en que no aportan nada a la sociedad, ese es el verdadero problema a resolver.
Gravar esos privilegios también aportaría a equilibrar las cuentas. Pero claro, es más fácil mandar a los pibes a arreglarse con una hora de trabajo a la semana, o de uber o de rappi con una canasta del siglo pasado.
Frente a este desencanto, la Marcha Federal Universitaria fue la parte positiva. Fue una protesta educativa en la cual confluyeron además jubilados, personas con discapacidad, inquilinos y endeudados. Las fotos de las plazas colmadas muestran la resiliencia de una sociedad que defiende lo público.
El documento oficial, titulado “Defender nuestros sueños, garantizar el futuro”, es contundente. Denuncia el incumplimiento sistemático de la Ley de Financiamiento Universitario y advierte que esa decisión es la expresión de la voluntad del Gobierno de “gobernar por decretos de necesidad y urgencia, reemplazando las funciones legislativas que son propias del Congreso”. Además, denuncia que se desconoce la institucionalidad de las paritarias y que se ataca el salario docente y no docente.
Consejo Interuniversitario Nacional también expone en su texto la asfixia al sistema científico. Con las Becas Progresar congeladas en 35.000 pesos desde 2024, el desfinanciamiento de proyectos y el virtual congelamiento de las Becas EVC-CIN, el documento sentencia que desmantelar este sistema no es una meta de equilibrio fiscal, sino “una política de deserción forzada”. Y advierte que Argentina terminará, por tercer año consecutivo, con uno de los gastos públicos en educación superior más bajos de América Latina. Frente al Presupuesto 2027 (el más bajo de la historia, con menos del 1% del PBI), el CIN reclama un incremento del 33,4% para evitar el colapso.
El documento conecta el reclamo educativo con el federalismo al afirmar que defender el sistema científico y universitario “es defender el federalismo y hacer soberanía”. La universidad pública no es un gasto, es infraestructura del conocimiento que se distribuye en todo el territorio. La Nación creó 22 universidades entre 2002 y 2015 para federalizar el acceso, pero hoy les niega los fondos. Se descentralizó la presencia, pero se centralizó la caja.
En ese escenario, la figura de Axel Kicillof aporta un contraste analítico. No es un outsider ni un recién llegado. Es un dirigente con una doctrina clara. Mientras los gobernadores que responden al Ejecutivo optan por el trato bilateral para conseguir una obra, Kicillof sostiene un discurso que exige reglas generales. En el acto por los 150 años de la Ley 988 en La Plata, apuntó al núcleo del problema fiscal: “Lo que está ocurriendo hoy no es federalismo, es un Gobierno nacional que se borra de obligaciones que forman parte del pacto constitutivo”.
Ese mismo 17 de octubre, en el acto por el Día de la Lealtad en La Matanza, Kicillof dejó en claro que el adversario no está dentro del peronismo. “Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Hay que recordarlo, hay que abrazarse y hay que practicarlo”, afirmó, mientras reivindicaba a Cristina Fernández de Kirchner como “injustamente presa”, llamaba a Milei “el che pibe de los mandados de los Estados Unidos” y se ponía a disposición para “poner el cuerpo” de cara al 2027.
La interna del PJ, sin embargo, mostró sus grietas. Mientras Kicillof encabezaba un acto multitudinario en La Matanza y Máximo Kirchner hablaba desde Chaco, Sergio Massa publicaba en redes un mensaje breve y directo: “La unidad es el camino a la victoria”. Sin unidad no hay patria, parecía ser la consigna que flotaba en el aire, aunque los actos fueran separados. Máximo, desde el norte, fue más cauteloso: “No queremos un amontonamiento de dirigentes”, advirtió. Debe haber una discusión de fondo sobre el modelo de país.
Su coherencia radica en no aceptar el parche como moneda de cambio. Exige previsibilidad, que es exactamente lo que la falta de ley de coparticipación le niega a las provincias. La salida a esta crisis no depende de un dirigente salvador, sino de la presión de la sociedad para que la política vuelva a tener reglas. La consigna de la calle fue clara. “Hasta que cumplan la ley”. Porque así como sin previsibilidad no hay confianza, sin equidad no hay federalismo legítimo. Sin educación pública, como cierra el documento oficial del Consejo Interuniversitario Nacional, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social.
Por la educación, la soberanía y la democracia.
