A 49 años de la Noche de las Corbatas
Hay fechas que vuelven. El 6 de julio es una de ellas.
Cada año, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar del Plata se detiene para honrar a quienes la última dictadura cívico-militar quiso silenciar. Este 2026 el ejercicio de la memoria adquiere un significado especial: se cumplen 49 años de los hechos que la historia bautizó como la Noche de las Corbatas.
Entre el 6 y el 13 de julio de 1977 Mar del Plata fue escenario de un operativo represivo cuidadosamente planificado. El blanco fueron los abogados laboralistas de la ciudad, profesionales que durante años habían defendido los derechos de los trabajadores frente a empleadores y grupos económicos de gran poder. La persecución se desarrolló en el contexto de la ofensiva de la dictadura contra la legislación laboral y contra quienes sostenían, desde el ejercicio del derecho, la vigencia de las conquistas sociales consagradas pocos años antes.
Menos de un mes después del golpe de Estado, la dictadura había sancionado la Ley 21.297, que modificó y derogó numerosos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo de 1974, cuyo anteproyecto había sido elaborado, entre otros juristas, por Norberto Centeno.
Durante aquellos días de julio, los represores secuestraron a trece personas, entre abogados laboralistas, familiares y colaboradores: ocho abogados, tres de sus esposas, un empleado de gestoría y su cónyuge. Seis permanecen desaparecidas, la dictadura asesinó a dos y cinco sobrevivieron para reconstruir lo ocurrido. Sus relatos impidieron que el silencio impuesto por el terrorismo de Estado se transformara en olvido.
De la iniciativa gremial a la ley nacional
La conmemoración no nació de un decreto ni de un gesto espontáneo. Fue la propia abogacía la que impulsó su reconocimiento.
En febrero de 2004, el doctor Juan Carlos París presentó ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) la propuesta de instituir el 6 de julio como Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado. La Junta de Gobierno de FACA aprobó la iniciativa mediante resolución del 19 de marzo de 2004, y desde entonces forma parte del calendario institucional de la profesión.
Diez años después, el Congreso de la Nación dio un nuevo paso. La Ley 27.115, sancionada el 17 de diciembre de 2014, estableció el 7 de julio como Día del Abogado Laboralista, en homenaje a Norberto Centeno y a todos los profesionales perseguidos por defender los derechos de los trabajadores. Entre una iniciativa nacida en el seno de la abogacía y una ley nacional, la Noche de las Corbatas dejó de ser una tragedia exclusivamente marplatense para convertirse en patrimonio de la memoria democrática argentina.
Quiénes fueron las víctimas y qué fue La Cueva
No eran guerrilleros. Eran abogados que habían dedicado su carrera a la defensa judicial de trabajadores y sindicatos. Los unía un mismo compromiso profesional: ejercer el derecho como herramienta de protección frente a los abusos del poder.
Entre ellos se encontraba Norberto Centeno, uno de los mayores referentes del derecho laboral argentino y coautor del anteproyecto de la Ley de Contrato de Trabajo de 1974. Los represores lo secuestraron el 6 de julio de 1977 en la vía pública, cerca de su estudio jurídico. Torturado durante días, murió el 8 de julio. Su cuerpo apareció tres días después, el 11 de julio, en el camino a Miramar, con signos de haber sido sometido a un trato inhumano y cruel. Esa misma desarticulación que buscó la dictadura contra Centeno y sus colegas es la que, cuatro décadas más tarde, el Congreso se propuso reparar por ley.
Secuestraron además a Jorge Candeloro junto a su esposa, Marta García. Los trasladaron a Mar del Plata, donde Candeloro murió a raíz de las torturas. García sobrevivió y su relato resultó fundamental para reconstruir el funcionamiento del centro clandestino y la violencia que allí se ejerció.
La lista de víctimas incluye además a Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais y Tomás José Fresneda, quienes permanecen desaparecidos; a María de las Mercedes Argañaraz, esposa de Fresneda, embarazada de cinco meses al momento de su secuestro; a Néstor Enrique García Mantica y María Esther Vázquez, cuyo destino corrió la misma suerte. Sobrevivieron Camilo Ricci, Carlos Bozzi, José Verde y Ana de la Arena, cuyas declaraciones resultaron decisivas para el posterior juzgamiento de los responsables.
El centro clandestino de detención conocido como La Cueva funcionó bajo tierra, en instalaciones de la Base Aérea Militar de Mar del Plata. Operó de manera coordinada con el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 (GADA 601), a cargo del coronel Pedro Barda, uno de los principales responsables del circuito represivo en la región.
“Esta es la Noche de las Corbatas. Ahora la justicia la administramos nosotros.” Así, según relataron sobrevivientes, quedó grabada la frase que los represores pronunciaron como síntesis del propósito del operativo.
Los actos de 2026
Este 6 de julio las actividades volvieron a reunir a instituciones vinculadas con la defensa de los derechos humanos y del ejercicio profesional.
En Mar del Plata, el Consejo Escolar de General Pueyrredon realizó una jornada dedicada al Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado. En Bahía Blanca, el Colegio de Abogados local organizó un acto junto a FACA, con representantes de organismos profesionales y de derechos humanos.
La agenda continúa este miércoles 8 de julio, a las 17, con las Jornadas por el 49.º aniversario de la Noche de las Corbatas, organizadas por el Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio y la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mar del Plata, con el auspicio de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL), la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (AAAL) y la Asociación de Abogados Laboralistas de La Plata.
Bajo la consigna “Ayer y hoy vienen por nuestros derechos”, la actividad se desarrollará en la sede del Colegio, con modalidad presencial y virtual, y estará abierta a abogados, estudiantes, magistrados, trabajadores judiciales y público en general.
La condena judicial y la trama civil del operativo
La Justicia ofreció, con el paso de las décadas, un respaldo desigual a esa memoria.
En 2010 el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a prisión perpetua al suboficial Gregorio Rafael Molina por crímenes de lesa humanidad, entre ellos los asesinatos de Norberto Centeno y Jorge Candeloro. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó esa sentencia en 2012. El brazo ejecutor del terror, entonces, tuvo respuesta judicial.
Pero el entramado civil que hizo posible identificar y señalar a los abogados secuestrados tuvo un destino distinto. Miguel Ángel Ullúa fue exintegrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU). En 2020 lo sentenciaron a prisión perpetua por ocho homicidios que esa agrupación cometió antes del golpe de Estado. La Justicia también lo juzgó en la causa específica de la Noche de las Corbatas, conocida como “Cueva 3”, acusado de haber aportado la información de inteligencia que permitió el operativo. El mismo tribunal lo absolvió en 2021, pese a que la fiscalía había pedido prisión perpetua.
La Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense apeló esa absolución junto a la fiscalía. Pero la Cámara de Casación, por mayoría y no por unanimidad, la confirmó en 2025.
La Justicia armó una parte del rompecabezas. Condenó al ejecutor. Absolvió al informante. Los cómplices civiles de la Noche de las Corbatas siguen sin rendir cuentas.
El legado Recalde: de la ley a la memoria pública
El aniversario tuvo también repercusión en el ámbito político. El diputado nacional Mariano Recalde recordó en sus redes que la dictadura secuestró y asesinó a abogados laboralistas, entre ellos a Norberto Centeno, uno de los autores de la Ley de Contrato de Trabajo. Recalde subrayó que la defensa de los trabajadores “les costó la vida” a esos profesionales, y recordó que fue su padre, el diputado Héctor Recalde, quien impulsó el proyecto de ley para instituir el 7 de julio como Día del Abogado Laboralista, conmemoración que se sostiene desde 2015.
A casi cincuenta años, la Noche de las Corbatas todavía interpela más de lo que responde.
¿Qué significa juzgar un plan sistemático cuando solo se condena a quien ejecutó la orden y no a quien la hizo posible desde la sociedad civil? ¿Por qué las penas contra la trama civil y policial de la represión terminaron siendo, como señaló la propia querella de derechos humanos, “irrisorias”? ¿Y qué garantía de verdad puede ofrecer una Justicia que aparta a los jueces que más la conocían? ¿Qué lugar ocupa la memoria de estos abogados en un presente donde la legislación laboral que defendieron vuelve a discutirse?
Preguntas que, medio siglo después, siguen vigentes.
