Billeteras virtuales: expediente contra seis fintech por 2.240 denuncias

Kicillof y Costa anunciaron este jueves una investigación contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud. Hay acusaciones de acoso a familias endeudadas, tasas de hasta 1.000% y multas de hasta $1.883 millones en juego. El anuncio llega en medio de un cruce más amplio entre el gobernador bonaerense y Javier Milei sobre a quién le corresponde el problema del endeudamiento de los hogares.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, anunciaron este jueves la apertura de un expediente de investigación contra seis billeteras virtuales por presuntos incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor. La conferencia se realizó en la Casa de Gobierno bonaerense.

Según precisó Costa, la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia recibió 2.240 denuncias en el primer semestre de 2026 contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud por incumplimientos a la normativa de consumo, acoso y hostigamiento. Ese número lo reprodujeron de manera coincidente más de diez medios que cubrieron el acto.

El diagnóstico de Kicillof: una morosidad “sin precedentes”

Kicillof abrió su exposición con un diagnóstico de escala. Dijo que el 60% de la población adulta del país —unos 21 millones de personas— está endeudada, y que cerca de 6 millones de personas se encuentran en mora, es decir, no pueden pagar en tiempo y forma las cuotas que contrajeron.

El gobernador aportó además una tabla sobre la evolución de la morosidad por segmento de crédito en los últimos dos años y medio. Es un dato que conviene leer con matices: proviene únicamente de sus dichos en el acto y no fue reproducido con ese desglose por ningún otro medio consultado.

Fuente: dichos del gobernador en la conferencia de prensa. El dato de mora bancaria (12,8%) coincide de forma independiente con lo que otros medios atribuyen a un informe del Banco Central de mayo de 2026. El resto de la tabla —incluida la mora de billeteras en 24,5%— no cuenta, por ahora, con otra fuente que la confirme.

Kicillof vinculó ese crecimiento con la caída de los ingresos reales —salarios, jubilaciones e ingresos de sectores productivos— y con el cierre de empresas: citó la pérdida de unas 30.000 empresas y más de 330.000 puestos de trabajo formales desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Su razonamiento: con ingresos deprimidos, las familias agotan primero los ahorros y después recurren al crédito para sostener consumos básicos, hasta que la mora se activa en cadena.

Dos lecturas de una misma crisis: el cruce con Milei

El anuncio de hoy no puede leerse por separado del debate que el propio Kicillof viene sosteniendo con el Presidente desde principios de agosto, cuando ambos discutieron públicamente a quién le corresponde el problema del endeudamiento de los hogares. Y ese debate es, en el fondo, una disputa sobre cómo nombrar el mismo fenómeno.

Milei lo había planteado en una entrevista radial como “una transacción entre privados” que “lo tienen que arreglar entre privados”. Horas más tarde, en una entrevista televisiva con Luis Majul, fue más directo todavía: “la pregunta es: ¿les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás.”

Para el Presidente, el endeudamiento de una familia es una decisión individual, tomada en libertad, y por lo tanto ajena a cualquier responsabilidad estatal.

Kicillof tomó esa misma imagen -la pistola en la cabeza- y la invirtió en su favor. En la conferencia de este jueves lo planteó así: “Si hay una pistola en la cabeza, en sentido figurado, quien se endeuda lo hace para pagar alimentos, para pagar el alquiler, para pagar gastos básicos, remedios, medicamentos, estudios médicos. Se endeuda para la vida en sí.”

Donde Milei ve ausencia de coerción -nadie firmó un contrato de crédito a punta de pistola-, Kicillof ve una coerción de otro tipo: la que impone la necesidad cuando el ingreso no alcanza. Es la misma metáfora, usada por los dos, para decir cosas opuestas.

El gobernador ya había adelantado ese argumento unos días antes, en el acto de entrega de escrituras en Longchamps: “El Presidente dice que el endeudamiento de las familias es un problema personal: hay que ser muy cruel y estar totalmente desapegado del pueblo para afirmar algo así. Si millones tienen el mismo problema, no es una cuestión micro ni individual, es un desastre masivo creado por el gobierno de Javier Milei.”

Y agregó, sobre la macroeconomía que el Gobierno nacional presenta como ordenada: “hoy la gente tiene salarios que no alcanzan y se endeuda para pagar el alquiler, la comida y las cosas más indispensables.”

Este jueves, frente a las billeteras virtuales, apeló a dos comparaciones para reforzar por qué el Estado debería intervenir pese a que -como dice Milei- nadie obliga a nadie a firmar un crédito: la crisis de las hipotecas subprime de 2008, cuando el sistema daba por descontado que era imposible que fallaran todos los créditos juntos hasta que fallaron todos juntos, y la regulación estatal de la ludopatía, que limita edades y publicidad de los juegos de azar aunque nadie obligue a nadie a apostar. Su síntesis fue directa: “Lo que pasó es la política económica de Milei, pura y simplemente. Este fenómeno es producto y resultado de la famosa macroeconomía, que teóricamente anda bien, de Milei.”

El expediente contra las seis fintech, en ese sentido, funciona como la traducción administrativa de una disputa que hasta ahora era sobre todo discursiva: la Provincia usa la única herramienta regulatoria que tiene a mano —la Ley de Defensa del Consumidor— para intervenir en un terreno donde la potestad de fondo, la regulación del crédito, es nacional.

Cómo funcionan las billeteras, según Defensa del Consumidor

Costa bajó el diagnóstico político a los mecanismos concretos que la cartera bonaerense identificó a partir de denuncias y actuaciones de oficio. Según su descripción —que es una lectura del funcionamiento del negocio hecha por el propio ministro, no una auditoría independiente de esta redacción—, el circuito tiene dos etapas: primero las billeteras ofrecen cuentas remuneradas para captar fondos que los usuarios retiran del sistema bancario tradicional; después, con ese fondeo, otorgan préstamos personales “en tres clics”, muchas veces sin que el usuario llegue a leer las condiciones.

Entre las prácticas que Defensa del Consumidor identificó, Costa enumeró:

• Publicidad de cuentas remuneradas y ofertas de crédito que aparecen sin que el usuario las solicite, dentro de plataformas de comercio electrónico.
• Créditos otorgables en pocos clics, sin que el usuario confirme haber leído las condiciones particulares del préstamo.
• Tasas de interés muy heterogéneas —según Costa, de hasta 1.000%, 800% o 700% anual según el perfil de cada tomador— fijadas por criterios algorítmicos no informados.
• Ausencia, en la mayoría de los casos, del “botón de arrepentimiento” que la normativa exige que sea visible desde el primer ingreso a la aplicación.
• Falta de información clara sobre tasa nominal anual, tasa efectiva anual y costo financiero total.
• Ofrecimiento de productos financieros dentro de plataformas de comercio electrónico, presentados como “cuotas” sin que quede claro que se trata de un crédito.

La cifra de tasas de hasta 1.000% no es un dato aislado: coincide, de forma independiente, con la denuncia que el diputado nacional Guillermo Michel presentó ante la Autoridad Nacional de la Competencia, donde se mencionan tasas de hasta 1.300%. Se trata, de todos modos, de dos fuentes distintas que hablan de universos de empresas no idénticos, por lo que no debería leerse como una confirmación cruzada exacta.

El antecedente que no había trascendido: Mercado Pago ya tuvo que ceder

Costa contó, además, un antecedente que hasta ahora no había sido publicado por ningún medio: a principios de 2026, antes de este anuncio, la Dirección de Defensa del Consumidor bonaerense había abierto una investigación de oficio sobre los términos y condiciones que todo usuario acepta al descargar las aplicaciones de Mercado Libre y Mercado Pago. Según el ministro, encontraron seis cláusulas que consideraron abusivas:

• La empresa se reservaba el derecho de aplicar cargos por servicios sin especificar cuáles eran ni su monto.
• Los cambios en los términos y condiciones se daban por aceptados automáticamente si el usuario seguía utilizando la plataforma.
• Ante un problema de seguridad en la cuenta, la responsabilidad recaía sobre el usuario y no sobre la empresa.
• La empresa se atribuía la facultad de retener fondos del usuario para cobrarse deudas derivadas de otro contrato distinto.
• Ante una sospecha de incumplimiento, el sistema podía dar el préstamo por vencido de manera anticipada y exigir su pago total e inmediato.
• Cualquier reclamo por incumplimiento debía tramitarse en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, sin importar en qué jurisdicción se hubiera originado el conflicto.

Costa afirmó que, tras la imputación de oficio, la empresa modificó voluntariamente esas seis cláusulas en agosto de 2026 —apenas un par de semanas antes de este anuncio— y que el cambio rige para todos los usuarios de la plataforma en el país, no solo en la Provincia. Es un dato que surge únicamente de la transcripción del acto y todavía no fue reproducido por otro medio ni pudo cotejarse contra el audio o video oficial: conviene tomarlo con esa salvedad hasta su confirmación.

Acoso a familias endeudadas: las denuncias que leyó Costa

El ministro citó, para ilustrar el patrón de denuncias recibidas, dos testimonios de usuarios. Son relatos unilaterales de los propios denunciantes, todavía no resueltos por la autoridad de aplicación ni verificados de forma independiente por esta redacción, pero que el ministro leyó como ejemplo de las conductas bajo investigación: un denunciante contó que la empresa se comunicó con su suegra —ajena a la deuda— para reclamar un pago; otra denunciante bonaerense sostuvo que un estudio de cobranzas contratado por una de las billeteras la contactó en su lugar de trabajo por una deuda que, según su versión, estaba prescripta, sin mediar notificación judicial y con amenaza de embargo pese a no existir una orden judicial que lo respaldara.

Costa enmarcó estos casos dentro de un patrón más amplio de tercerización de la gestión de cobranzas en estudios externos, una práctica que —dijo— la cartera viene detectando de manera sistemática en las denuncias recibidas.

Las imputaciones y las multas en juego

La Provincia formalizó tres imputaciones contra las seis empresas investigadas:

• Acoso y hostigamiento a familias sobreendeudadas en relación con los préstamos personales que ofrecen las plataformas.
• Falta de información clara y precisa sobre las condiciones particulares de los préstamos.
• Ausencia de un botón de arrepentimiento visible, destacado y accesible desde el primer acceso a la aplicación.

A partir de esas imputaciones, el Gobierno bonaerense solicitará a las seis empresas que informen detalladamente los criterios con los que fijan sus tasas de interés —nominal anual y efectiva anual— y la composición real del costo financiero total. Las compañías deberán presentar sus descargos; si se comprueban los incumplimientos, la normativa provincial habilita multas de hasta $1.883 millones y la obligación de revertir las prácticas cuestionadas.

Trascendió, según publicó El Destape —único medio que lo consignó hasta el momento—, que en declaraciones posteriores al acto formal Costa habría señalado que Mercado Libre, Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá y Personal Pay son las empresas más denunciadas dentro de ese universo. Es un dato de fuente única, sin corroborar por esta redacción, que debería confirmarse directamente con la Dirección de Defensa del Consumidor antes de reproducirse como definitivo.

El origen regulatorio, según la Provincia, y un contrapunto nacional

Para sostener la responsabilidad que le atribuye a la Nación, Costa mencionó dos decisiones normativas: la derogación del tope a las tasas de interés a través del DNU 70/2023, y la disolución, en febrero de 2025, del sistema de conciliación previa en las relaciones de consumo. La existencia de ambas normas es verificable de forma independiente. La lectura de que esas normas “dejaron a las fintech en libertad” de fijar sus tasas es, en cambio, una interpretación política del ministro, no un hecho que esta redacción haya constatado de manera autónoma.

Hay un dato de contexto nacional que no fue mencionado en la conferencia pero que resulta relevante para dimensionar el contraste entre jurisdicciones: en mayo de 2026 el Gobierno de Javier Milei oficializó, mediante el Decreto 377/2026, una modificación a la reglamentación de la Ley nacional de Defensa del Consumidor que permite a las empresas sancionadas pagar solo el 50% de la multa si aceptan la sanción sin apelar, dentro de los diez días hábiles de notificadas. Se trata de un régimen nacional, distinto del provincial bonaerense -regido por la Ley 13.133- bajo el cual tramita el expediente de hoy. Pero expone una tensión de fondo: mientras la Provincia amenaza con multas más altas y mayor rigor sobre las billeteras, a nivel nacional el criterio reciente fue el inverso, orientado a abaratar y agilizar el pago de sanciones para las empresas.

No es la única pelea abierta

El anuncio bonaerense se suma a otros frentes que ya estaban en marcha sobre el sector. En el Congreso, diputados de distintos bloques de la oposición presentaron esta semana proyectos de ley para regular de manera integral el crédito ofrecido por fintech, con foco en la prohibición de “dark patterns” y mecanismos de gamificación que, según sus promotores, incentivan el endeudamiento impulsivo, y en la exigencia de que los sistemas algorítmicos de scoring crediticio sean auditables y cuenten con revisión humana.

Dos días antes del anuncio de Kicillof, el diputado nacional Guillermo Michel (Peronismo Federal) había presentado una denuncia formal ante la Autoridad Nacional de la Competencia contra 91 billeteras digitales y 687 proveedores no financieros de crédito -entre ellos Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay, Prex, Cocos, Claro Pay y AstroPay- por presuntas prácticas anticompetitivas y tasas que, según su denuncia, llegan al 1.300% de costo financiero total anual en algunos casos. Esa misma presentación cita datos del Banco Central: la mora de las familias en el sistema bancario alcanzó el 12,8% en mayo de 2026, el mismo número que mencionó Kicillof. Un relevamiento de la consultora EcoGo, por su parte, situó la irregularidad en el sector no bancario en 28,7%, con una mora del 34,1% en préstamos personales y del 19,4% en tarjetas de crédito.

El silencio directo, la respuesta en paralelo

Milei no se refirió puntualmente al expediente contra las seis fintech. Pero ese mismo jueves, mientras Kicillof y Costa daban la conferencia, el Presidente participaba del Council of the Americas ante empresarios, donde rechazó cualquier autocrítica y afirmó que es mentira que haya aumentado el desempleo o caído los salarios. También volvió a reivindicar la baja de la inflación interanual desde diciembre de 2023 a la actualidad. No fue una respuesta al expediente, pero sí lo más cercano que hubo de parte del Presidente ese mismo día.

El antecedente que anticipa el terreno

La Provincia ya había transitado un episodio similar en mayo, cuando intimó a Mercado Libre por cláusulas abusivas, con una multa potencial de $1.815 millones. En aquella oportunidad la empresa sí respondió públicamente: “Rechazamos las acusaciones planteadas y presentaremos el descargo correspondiente en tiempo y forma, aportando toda la información y aclaraciones necesarias.” Dado que Costa contó que Mercado Pago terminó cediendo y modificando las cláusulas cuestionadas en aquel expediente previo, ese antecedente funciona como parámetro de lo que podría repetirse ahora. De las seis empresas investigadas esta vez -Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud- ninguna emitió, hasta el momento, un comunicado público sobre el nuevo expediente. Circuló además, aunque todavía sin datos precisos de fecha ni alcance, una movilización de familias endeudadas con bancos y billeteras hacia el Ministerio de Economía.