Crisis y reconfiguración del poder en la era digital

Ajuste, desempleo, consumo en picada y estanflación: la contracción de la economía real ya impacta en el territorio y convive con el avance de un modelo de poder basado en datos, inteligencia artificial y la manipulación del conflicto social.

Abril dejó de ser un mes de noticias para convertirse en una síntesis del momento que atraviesa la Argentina.

Más que ajuste o crisis económica, lo que se ve es otra cosa: una combinación de deterioro material, conflicto político, tensión social y un reordenamiento del poder que también alcanza a la información, la inteligencia y la forma en que se gobierna. El ajuste como experiencia cotidiana.

En el plano económico, la pérdida de empleo, el cierre de empresas, la caída del salario real y un consumo en retroceso configuran un escenario de estanflación que impacta directamente en la vida diaria. El “industricidio” se expresa en el deterioro del entramado productivo, en un contexto de apertura de importaciones, caída de la demanda y pérdida de puestos de trabajo. A la recesión se suma la erosión de la producción.

Ese proceso en la provincia de Buenos Aires aparece como una síntesis ampliada del país. El gobierno de Axel Kicillof sostuvo durante todo el mes que el ajuste se trasladó a provincias y municipios, obligándolos a sostener funciones que antes financiaba Nación. El dato que ordena ese conflicto lo expuso el ministro Carlos Bianco: una deuda de 16,7 billones de pesos que asciende a 24,6 billones al sumar la caída de la recaudación. Esa cifra incluye obras paralizadas, programas discontinuados y transferencias que dejaron de llegar. https://www.facebook.com/share/v/1KXLyxwzKj/

El impacto se vuelve concreto en alimentos. Más de 2,5 millones de estudiantes dependen del Servicio Alimentario Escolar en un contexto en el que el financiamiento nacional cayó de forma sostenida. La red de contención empieza a tensarse. La frase del ministro Andrés Larroque -“menos vocería y más alimentos”- sintetiza una escena que ya no es discursiva: es material.

La caída del consumo explica ese cuadro. Cuando el salario pierde frente a la inflación, el ajuste empieza por la mesa. Primero en la calidad, después en la cantidad. Lo que antes resolvía el mercado pasa a depender del Estado. Y cuando el Estado nacional se retrae, esa presión se traslada al territorio.

Con la salud ocurre lo mismo. La ampliación de programas provinciales para garantizar medicamentos aparece como respuesta a la retirada nacional. El acceso empieza a depender de la capacidad de cada jurisdicción, marcando una desigualdad creciente. https://zoomtvmdq.com.ar/kicillof-hospital-rossi-medicamentos-bonaerenses/

La paralización de la obra pública, -esa infraestructura detenida- conlleva empleo que no se genera, actividad que no circula y economías locales que se enfrían. Cada obra frenada es una cadena productiva que se corta.

Hasta ahí, podría leerse como una crisis económica con impacto social. Pero el escenario muestra algo más.

El vínculo entre el Gobierno nacional y la información cambió. Restricciones, menor acceso y una comunicación directa sin intermediarios marcan un desplazamiento en la forma de construir poder. La información deja de circular por canales tradicionales y empieza a organizarse desde el propio gobierno.

Ese movimiento convive con otro, más profundo: la reorganización del sistema de inteligencia. Mayor acceso a datos, monitoreo digital y uso de inteligencia artificial aplicada a seguridad configuran un esquema donde la gestión del conflicto empieza a apoyarse en tecnología.

En paralelo, el endurecimiento del protocolo antipiquetes y el mayor control sobre las protestas refuerzan esa lógica. El espacio público deja de ser solo un ámbito de expresión para transformarse en un terreno regulado. No son decisiones aisladas. Son piezas de un mismo modelo.

Mientras tanto, cerraron la Casa Rosada a la prensa; la presencia de Peter Thiel en la Argentina no puede leerse como un hecho aislado. Fundador de Palantir Technologies, representa una fase distinta del mismo fenómeno que ya se observa a escala global: el pasaje del poder económico al poder basado en datos. https://zoomtvmdq.com.ar/big-tech-poder-digital/

Si en el escenario internacional las grandes plataformas lograron concentrar información y capacidad de influencia, hoy ese modelo avanza hacia otra instancia: su integración directa en la gestión del Estado. No se trata solo de recolectar datos, sino de utilizarlos para anticipar comportamientos, ordenar decisiones y gestionar (manipular) conflictos.

Ese escenario se ve en la práctica política y en la calle. El uso de herramientas digitales, la segmentación del discurso y la capacidad de instalar agendas en redes sociales forman parte de una nueva forma de construcción de poder. No es comunicación, es intervención sobre el clima social

El cruce entre datos, inteligencia artificial y política ya no es una hipótesis, sino una realidad en expansión. La discusión deja de ser tecnológica para volverse política: quién usa esos datos, con qué objetivos y con qué límites.

Datos, inteligencia artificial y algoritmos para intervenir sobre una sociedad en crisis, donde la conflictividad social no cede.

A eso se suma la desregulación, que ya muestra un costo social creciente. Más desempleo, caída del ingreso y mayor desigualdad.

Con más desempleo y deterioro social, el problema deja de ser solo económico. Porque cuando el malestar crece, los datos pueden usarse no para entenderlo, sino para manipularlo. Experiencias como Cambridge Analytica ya demostraron que el Big Data puede influir en procesos electorales. La pregunta es si ese modelo empieza a formar parte de cómo se gestiona (manipula) la política.

El resultado electoral tampoco puede leerse de manera aislada.

En un escenario atravesado por crisis económica, rechazo al sistema político y uso intensivo de redes, datos y construcción de agenda, la disputa por el poder se redefine. Ya no se trata solo de lo que se vota, sino de cómo se construyen esas decisiones electorales.

Y en paralelo, otro frente atraviesa la escena: el judicial, que de poder neutral poco aparenta. Donde el “partido judicial” vuelve a instalarse como explicación posible de un funcionamiento donde distintos actores -judiciales, políticos, económicos y mediáticos- parecen articularse en causas sensibles.

El caso de Lago Escondido, con el viaje de jueces, funcionarios y empresarios a la estancia de Joe Lewis, se convirtió en un símbolo de esa discusión. La posterior anulación de la causa reforzó los cuestionamientos sobre el sistema.

Ese esquema se conecta con antecedentes de reconfiguración del Poder Judicial durante el gobierno de Mauricio Macri, que dejó instalada una lógica de intervención judicial en la política. En ese marco, causas que involucran al oficialismo avanzan en medio de tensiones, denuncias y sospechas de selectividad.

Las causas sobre los sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), las denuncias por criptomonedas (LIBRA) o irregularidades en operaciones estatales avanzan en un clima de tensión creciente.

“Hacete amigo del juez”. Cuando los mecanismos de control se debilitan, la pregunta cambia: ya no es qué investiga la justicia, sino quién controla a quienes investigan.

La pregunta deja de ser técnica: no es qué investiga la justicia, sino quién decide a quién investigar y con qué consecuencias.

El cuadro de ajuste y crisis social no es solo económico: expresa un conflicto político más profundo. En ese marco, la figura de Cristina Fernández de Kirchner vuelve a adquirir centralidad. Su proscripción, leída por amplios sectores como parte de este proceso, reabre una discusión histórica: quién tiene la capacidad de decidir y cómo se articula la relación entre justicia, poder y representación.

Así mismo, la oposición enfrenta el desafío de consolidarse y dejar de actuar de manera fragmentada para convertirse en una alternativa real, en una discusión política orientada a la defensa del interés nacional y de la vida cotidiana.

A la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y un deterioro cada vez más visible en la vida cotidiana se suma un problema de fondo: la representación. Cuando la política no logra traducir el malestar social, la democracia queda desfasada respecto de la realidad y deja de funcionar como canal de resolución de conflictos.

Si el conflicto se desplaza, ya no se procesa en el sistema político: irrumpe como crisis, fragmentación o disputa abierta por el poder.

Distintas lecturas sobre la crisis argentina ya señalaban que los sistemas representativos pueden volverse incapaces de expresar las demandas sociales en contextos de transformación económica y concentración del poder.

Hoy, además, el margen para actuar queda condicionado: el peso de la deuda externa -generada en gran medida durante los gobiernos de Mauricio Macri y exacerbada con Javier Milei-, junto a sus consecuentes sus compromisos, limita las decisiones económicas de cualquiera que busque revertir esta situación.

En ese marco, decisiones como los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, las metas fiscales y los compromisos asumidos reducen el margen de autonomía en la política económica, trasladando parte de la definición fuera del ámbito nacional. Ese esquema es interpretado por sectores críticos como una cesión de soberanía en la toma de decisiones económicas, lo que, en lenguaje llano, suele denominarse “cipayo” o “vende patria”.

No se trata solo de falta de herramientas: es un sistema que condiciona y reduce cada vez más el margen para dar respuestas.

La crisis, entonces, no es solo social ni solo política. Es una crisis de representación en un escenario donde el conflicto existe, pero no encuentra un canal claro para ser resuelto.

En simultáneo, la economía se contrae, el consumo cae, crece la demanda en comedores y el conflicto social se vuelve cada vez más visible.

La crisis se instaló en la diaria: ya no es solo económica. Es quién decide, con qué herramientas y para quién. Y en ese terreno, el poder se está reconfigurando. Pero la cuestión de fondo permanece: qué actores -políticos, económicos y financieros- concentran hoy la capacidad real de decidir

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