Trump dijo que EE.UU. gobernará Venezuela
Donald Trump convirtió una operación presentada como “antinarco” en un anuncio de tutela política. La crisis abrió un frente judicial en Nueva York, reacciones en la ONU y un debate que excede a Venezuela: soberanía, fuerza y el precedente de la “ley del más fuerte”.
WASHINGTON – Gobernaremos el país
EE.UU. gobernará Venezuela hasta que se pueda hacer “una transición segura, apropiada y juiciosa”, aseveró Trump. El anuncio llegó después de que la Casa Blanca presentara como “operación contra el narcotráfico” la incursión en territorio venezolano que terminó con la captura de Nicolás Maduro.
Trump sostuvo que no teme poner “botas sobre el terreno” y señaló a su secretario de Estado y al de Defensa como parte del esquema que “supervisaría” el proceso. Deslizó que Marco Rubio ya estaba en contacto con Delcy Rodríguez, a la que presentó como interlocutora posible.
También amenazó con escalar: insinuó que EE.UU. podría lanzar un segundo ataque de mayor magnitud si considera que no hay cooperación.
No precisó cómo se ejercerá ese “control temporal”, ni cómo impactará en un país donde la estructura estatal y militar venezolana continúa operativa.
CARACAS – Secuestro y continuidad
El gobierno venezolano denunció que el “secuestro” del presidente y su esposa es una agresión que viola la soberanía del país. La vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió la “liberación inmediata” de Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Más tarde, el Tribunal Supremo dispuso que Rodríguez asumiera como presidenta interina para sostener la continuidad del Ejecutivo.
El choque semántico -captura vs. secuestro-, desplazó el episodio del plano militar al diplomático regional: no es solo una detención, es una disputa sobre soberanía, legalidad internacional y quién manda sobre un territorio.
Desde el oficialismo se buscó exhibir continuidad institucional en cadena nacional. En paralelo se reclamó el retorno del mandatario y se convocó a la movilización.
Si la calle sigue siendo chavista, si la institucionalidad no se derrumba y si el mando territorial no se quiebra, no hay “cambio de régimen exprés”: hay negociación, extorsión o escalada.
Operativo de intervención
En la madrugada del sábado 3 de enero, EE.UU. ejecutó una operación en Venezuela. Según el relato difundido por Washington, terminó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos vinculados al narcotráfico.
Los ataques comenzaron pasada la 1 de la madrugada y al inicio se difundió de boca en boca. Hubo corridas a supermercados y farmacias para abastecerse.
La operación incluyó ataques contra instalaciones y cortes de electricidad en zonas de Caracas. Maduro y Flores fueron capturados en Fuerte Tiuna; luego los trasladaron en helicóptero a un buque (USS Iwo Jima) y desde allí continuaron rumbo a Nueva York, según la BBC.
Algunos analistas describen este enfoque como una actualización de la Doctrina Monroe, a la que en la cobertura internacional se alude irónicamente como “Doctrina Donroe”.
El pasaje de un operativo militar a un esquema de tutela política reactualiza esa lógica histórica: la pretensión de administrar el hemisferio como zona de influencia, hoy formulada como un control político-administrativo del territorio y sus recursos.
Los analistas internacionales que se le animan a Trump aseguran que lo ocurrido es intervención e injerencia en los asuntos de otro Estado, con el petróleo como pieza central de la disputa. Trump fue claro: habló de “reembolsarse” con dinero “que sale de la tierra” y conectó la etapa posterior con infraestructura y empresas petroleras.
Cuando una incursión militar se etiqueta como “guerra contra el narcoterrorismo”, se abre una puerta peligrosa: se corre el eje del derecho internacional (soberanía / no intervención) hacia una lógica de “seguridad total”, donde el método puede ser militar.
En América Latina ese lenguaje remite a la Doctrina de la Seguridad Nacional, que convirtió al “enemigo interno” en hipótesis central y abrió la puerta a la represión como política de Estado.
En ese marco, Maduro quedó detenido en una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos, en un sistema penitenciario con internos considerados de extrema peligrosidad. Crecen las alertas regionales por la intervención y por el precedente que sienta una acción de esta magnitud.
Tras la captura/secuestro (según la narrativa de cada parte), se abrió también un frente diplomático en la ONU. La región denuncia violación de soberanía y reclama contención. Sin embargo, el horizonte de una respuesta efectiva del organismo aparece condicionado por las correlaciones de poder: como en otras crisis, suele quedar en declaraciones sin consecuencias concretas.
Acto de guerra y lawfare
Tras el operativo, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Nueva York. Permanecen bajo custodia en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una cárcel de alta seguridad.
Con expediente en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), el caso fue asignado al juez federal Alvin K. Hellerstein. Ante él se encamina el proceso judicial.
La presentación oficial de EE.UU. se apoya en la imputación por narcotráfico y en la narrativa de “narcoestado”, por lo que Maduro y su esposa comparecen ante la justicia federal en Nueva York.
La defensa quedó a cargo del abogado Barry J. Pollack, conocido también por haber representado a Julian Assange. En la audiencia se indicó que por el momento no pedirían libertad bajo fianza.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, exigió la liberación de Nicolás Maduro y pidió al juez federal Alvin K. Hellerstein “reconocer la falta de jurisdicción” para juzgarlo, al sostener que el mandatario está protegido por inmunidad como jefe de Estado y que debe respetarse el derecho internacional.
En su primera comparecencia, audiencia inicial de lectura de cargos (arraignment), ante la justicia federal en Manhattan, Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables; Maduro se describió como “prisionero de guerra” y sostuvo que sigue siendo “presidente” de Venezuela.
La audiencia duró alrededor de 40 minutos y hubo momentos de tensión al cierre, con gritos desde el público. Cilia Flores dijo “soy inocente, completamente inocente”. Ambos reafirmaron su inocencia y rechazaron la legalidad del procedimiento. El juez Alvin K. Hellerstein fijó una nueva audiencia para el 17 de marzo.
AJUFIDH define la captura de un jefe de Estado “por vía militar”, al margen de cooperación judicial/extradición, como una forma de “justicia por comando” incompatible con el orden jurídico internacional.
En su base jurídica, AJUFIDH sostiene que, sin consentimiento del Estado territorial, sin autorización del Consejo de Seguridad y fuera de un supuesto de legítima defensa, la operación queda fuera de las únicas excepciones admitidas por la Carta y se ubica en la prohibición del artículo 2.4: usar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado.
También advierte que la sustitución de mecanismos institucionales (cooperación judicial, extradición, garantías) por una incursión armada no “acelera justicia”: cambia el plano. Convierte una eventual pretensión penal en demostración de poder geopolítico, erosiona autodeterminación y reinstala, como precedente, la idea de “policía global”.
El frente judicial que se abre en Nueva York rebota en Argentina. En Comodoro Py, el fiscal Carlos Stornelli pidió iniciar de manera urgente el procedimiento de extradición activa para que Maduro sea traído a declarar en una causa local por violaciones a los derechos humanos.
Stornelli es un fiscal cuestionado por el kirchnerismo, que denuncia persecución judicial (“lawfare”) y lo señala como parte del esquema de hostigamiento contra Cristina Fernández de Kirchner. La orden de captura internacional en Argentina ya había sido dispuesta en 2024 en el marco del principio de jurisdicción universal, con notificación a Interpol.
Petróleo, fuerza y precedente
En paralelo, Trump volvió sobre el eje petrolero y sugirió una administración estadounidense “temporal”.
Venezuela aparece en el eje por volumen de reservas: cerca de 303.000 millones de barriles, la mayor reserva probada del mundo y, a la vez, por el contraste con su producción actual (en torno a 860.000 barriles diarios). Es decir: un reservorio gigantesco, con una capacidad de extracción hoy limitada.
El detalle técnico no es menor: el crudo venezolano es pesado/agrio, más caro y complejo de refinar. Reactivar de verdad (no “un rebote”) implica inversión de escala —decenas de miles de millones— y plazos largos: una década para volver a niveles altos.
El presidente de EE.UU. vinculó el escenario a un plan sobre infraestructura petrolera. Habló de que compañías estadounidenses se “mudarían” a Venezuela. En ese tablero, aparece Chevron, la estadounidense con presencia operativa.
Además sostuvo “no nos costará ni un centavo”, porque habría reembolso con “dinero que salga de la tierra” (petróleo del pueblo venezolano). Es una frase central en la disputa sobre motivaciones.
En el mismo tono, dijo que no le preocupa desplegar “botas sobre el terreno”. El argumento policial y la promesa de control político alimenta el debate global sobre soberanía, uso de la fuerza y motivaciones económicas. (Reuters)
Desde una lectura pragmática, a EE.UU. le sirve más garantizar flujo (petróleo) y gobernabilidad que imponer de golpe una conducción opositora que dispare resistencia territorial/militar. En esa hipótesis, la continuidad “desde adentro” del chavismo (con Delcy como bisagra) puede ser funcional: menos épica, más “control operativo”, y con China como variable geopolítica de fondo (garantizar suministro y recortar margen a su competencia).
Y hay un riesgo que atraviesa todo: si la conducción “poschavismo” se intenta imponer con figuras de oposición dura, sin un acuerdo mínimo de mando y calle, el escenario puede degradar en guerra civil o violencia política sostenida. Para cualquier plan petrolero, eso sería veneno: sin estabilidad no hay inversión, sin inversión no hay producción, sin producción no hay “suministro”.
ONU: “Precedente peligroso” y llamado a contención
Naciones Unidas encuadró el episodio en el núcleo del derecho internacional: el portavoz del Secretario General advirtió que los hechos constituyen un “precedente peligroso” y remarcó la necesidad de respetar plenamente la Carta de la ONU.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también llamó a la moderación y a respetar el derecho internacional de los derechos humanos, subrayando la protección de la población como prioridad.
El encuadre público se concentró en el principio de contención y en el marco de la Carta de la ONU. El mensaje apuntó a evitar una escalada y a preservar el orden jurídico internacional. (Reuters)
Hay una tensión constante entre ley y poder: cuando una potencia redefine una incursión militar como “lucha contra el narcoterrorismo”, no solo cambia el marco del caso Venezuela, también habilita una militarización que erosiona el derecho internacional.
El riesgo es doble: afuera, se normaliza la guerra de agresión (prohibida como principio rector tras 1945) y la lógica de “manda el más fuerte”; adentro, se reintroducen doctrinas que convierten a las Fuerzas Armadas en herramienta de control interno (históricamente devastadoras para América Latina).
En ese escenario, la ley sigue existiendo, pero queda en disputa: o se defiende como memoria, límite y lenguaje común, o se impone la idea de que todo se resuelve por fuerza y castigo.
En esa línea, AJUFIDH no solo condena la intervención: advierte que normalizar este tipo de acciones “abre la puerta” a que otras potencias repitan el patrón y reinstalen la “ley del más fuerte” como criterio de comportamiento.
Y plantea un camino institucional concreto: pide que el sistema ONU actúe vía Consejo de Seguridad y, si hay bloqueo, Asamblea General mediante “Unión pro Paz”, además de exhortar a la Corte Penal Internacional y a organismos de derechos humanos a ejercer sus mandatos con independencia.
Además subraya un punto que engancha directamente con tu tramo de víctimas: las muertes y daños a bienes civiles deben examinarse a la luz del Derecho Internacional Humanitario (distinción, proporcionalidad, protección de la población civil).
Rusia y China: condena oficial y denuncia de “hegemonismo”
Rusia, a través de su Cancillería, condenó lo ocurrido como “agresión armada” contra Venezuela y exigió el fin de una escalada mayor. Condenó la “agresión militar” y exigió aclaraciones sobre el paradero de Maduro, señalando una violación inaceptable de la soberanía.
La señal refuerza que el episodio puede trasladarse al plano de disputa entre potencias. China rechazó la acción estadounidense. Denunció una conducta “hegemónica” que “viola gravemente” la soberanía venezolana y que “amenaza la paz y la seguridad” en América Latina y el Caribe, según su declaración oficial. (Reuters)
Europa: rechazo a Maduro sin avalar la intervención
En Europa se expresó una posición que separa el rechazo al gobierno de Maduro del aval a una intervención. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sostuvo que España no reconoce al régimen venezolano, pero tampoco una intervención que viole el derecho internacional.
En Francia, Marine Le Pen se pronunció en clave de soberanía estatal. Advirtió que relativizar ese principio en Venezuela podría abrir la puerta a vulneraciones futuras. La declaración llamó la atención por venir de la ultraderecha.
América Latina: “zona de paz”, desescalada y condena
En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva trazó una línea política: sostuvo que bombardeos y captura “superan una línea inaceptable”. Además reclamó una respuesta internacional para preservar y defender a América Latina como “zona de paz”, en un mensaje que busca frenar la normalización de intervenciones militares en la región.
Este punto es la bisagra regional: no es solo “condena”, es memoria histórica. Si se instala que “narco” habilita “ejército”, se vuelve a un modelo donde las fuerzas armadas se entrenan para enfrentar a sus propios ciudadanos en nombre de una doctrina importada, en lugar de defender la patria de amenazas externas. Ese costo —en derechos, vidas, instituciones— ya se pagó demasiado caro en América Latina.
En México, la reacción oficial se apoyó en el multilateralismo y la Carta de la ONU. El gobierno condenó la intervención militar y pidió encauzar la crisis por vías multilaterales, con llamados a un posicionamiento regional coordinado.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro llamó a desescalar la crisis y reforzó el mensaje de priorizar canales diplomáticos y multilaterales ante la operación militar de Estados Unidos en Venezuela.
Tras los ataques estadounidenses, el gobierno colombiano reforzó la seguridad en la frontera con Venezuela, con medidas preventivas y despliegues en un contexto de alta sensibilidad regional. Petro planteó la crisis como un problema de soberanía para Colombia y expresó su preocupación por la estabilidad de la región.
El mandatario colombiano criticó duramente la operación de EE. UU., a la que calificó como una violación de la soberanía venezolana y latinoamericana y una “agresión” contra la región.
Las tensiones entre Petro y Donald Trump no son nuevas. Ya en noviembre de 2025 ambos protagonizaron un choque diplomático, con acusaciones desde Washington sobre la política antidrogas colombiana. La respuesta de Petro en defensa de la soberanía: “un clan de pedófilos quiere acabar la democracia en Colombia”. En ese marco, Colombia reforzó su postura multilateralista y su rechazo a intervenciones unilaterales en América Latina.
El despliegue de tanquetas y efectivos militares en la frontera tras los ataques refleja el impacto regional inmediato del episodio y la preocupación de Bogotá por un posible desborde del conflicto.
Argentina: apoyo del oficialismo y repudios opositores
En Argentina, la reacción es fragmentada. Mientras el Gobierno nacional celebró el operativo, un arco opositor —peronismo e izquierda— lo calificó como violación de soberanía y como “amenaza para toda la región”. Con el eje en la no intervención y solución pacífica de controversias.
El Partido Justicialista difundió un comunicado: reafirmó “no intervención”, “rechazo al uso de la fuerza” y “solución pacífica”. También habló de “amenaza para toda la región”.
En el plano provincial, Axel Kicillof advirtió sobre un “precedente peligroso”. Encuadró la crisis en derecho internacional y doctrinas históricas argentinas, en un mensaje que circuló ampliamente en redes.
Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que EE.UU. “volvió a cruzar un límite”. Denunció la “absoluta ilegalidad e ilegitimidad del secuestro (literal) de un presidente y su esposa en su propio país”. Y lo ató al trasfondo económico: escribió que el objetivo declarado por Trump no es la “democracia” ni “la lucha contra el narcotráfico”, sino “apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… a cara descubierta”.
Recordemos que Trump aseguró que una ocupación “no costará un centavo” porque EE.UU. se reembolsaría con el “dinero que sale de la tierra”, en referencia al petróleo venezolano.
De acuerdo con la EIA hasta el 2023, EE.UU. tenía 46,4 mil millones de barriles de reservas probadas de crudo a fin de 2023, y produjo en 2023 unos 12,943 millones de barriles por día. A ese ritmo, esas reservas equivalen a 9,8 años de producción (cálculo lineal). En la hipótesis de CFK, la movida le da a Washington “oxígeno” estratégico al intentar asegurarse acceso directo a un reservorio externo mucho mayor.
El tablero energético queda brutalmente expuesto: Estados Unidos discute horizonte de reservas y producción; Venezuela, el tamaño del reservorio; y el factor que ordena la disputa es quién controla el flujo y quién queda afuera cuando se reparten rutas, contratos y suministro.
El orden internacional cruje: cuando el recurso manda, la ley se vuelve un estorbo para el más fuerte.
Víctimas
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó en un mensaje televisado que parte del equipo de seguridad de Maduro fue “asesinado a sangre fría” durante la captura y exigió la liberación “inmediata” de la pareja.
Cuba informó la muerte de 32 ciudadanos cubanos durante el ataque, en una cifra difundida en el marco de las repercusiones diplomáticas.
Aseguran que fueron asesinados integrantes del equipo de seguridad del presidente apresado y también civiles; The New York Times realizó una estimación de 80 muertos tras los bombardeos. No es un “daño colateral menor”, cambia el peso político y humanitario del episodio.
Protestas en Brooklyn
En Nueva York, teleSUR reportó una manifestación frente al Metropolitan Detention Center (Brooklyn) para exigir la liberación de Maduro y Cilia Flores. Hubo consignas contra la intervención y llamados a sostener movilizaciones. (teleSUR)
Doctrina Monroe y “garrote” (Donroe)
El punto de quiebre no está solo en el operativo: está en el objetivo declarado. Trump no habló de “operación limitada”; dijo que Estados Unidos “gobernará” Venezuela hasta una transición, y además conectó la etapa posterior con el despliegue de empresas petroleras estadounidenses y la explotación de recursos.
Esa línea se presentó como actualización de la Doctrina Monroe bajo la etiqueta “Doctrina Donroe”. Trump llegó a decir que la Monroe “fue superada” y que ahora la llaman “Donroe”, un nombre que la cobertura internacional usa para describir una esfera de influencia reforzada, con el objetivo explícito de bloquear la gravitación de rivales extrahemisféricos (China/Rusia) sobre el “patio” regional.
En términos políticos, ese salto reabre —en versión siglo XXI— la discusión sobre la Doctrina Monroe y el “garrote” como forma de ordenar el hemisferio. La conexión con el “garrote” tiene antecedente histórico: el Corolario Roosevelt (1904) amplió la doctrina bajo la idea de “poder de policía” en la región y se asoció a la política del “big stick”.
La actualización 2026 es el salto del discurso al control: Trump dijo que EE.UU. “run the country” hasta una transición “safe, proper and judicious”, en una frase que empuja la discusión desde el derecho internacional hacia una lógica de tutela/administración
La “tutela” no necesariamente se ejerce solo con marines: también opera como ingeniería política y condicionalidad. En esa lectura, Washington puede apuntalar gobiernos “amigos” con respaldo diplomático, paquetes financieros y señales de mercado, y condicionar su apoyo a resultados electorales o alineamientos estratégicos.
En Argentina, por ejemplo, Trump afirmó que Milei tuvo “mucho apoyo” de EE.UU. antes de un triunfo electoral de su fuerza, incluyendo respaldo público y asistencia financiera; también en el 2023 se había informado de gestiones y apoyo estadounidense con foco en FMI y sectores estratégicos.
Ese es el núcleo de la “Donroe”: soberanía en disputa y orden regional definido por poder y recursos, más que por reglas. Reuters
En su columna, el politólogo Atilio A. Borón plantea que el bombardeo de instalaciones en Caracas y alrededores —con daños colaterales inevitables— y el “secuestro” (no “extracción”) de Nicolás Maduro abren un capítulo nuevo: un mundo donde el precedente habilita a otros actores a resolver disputas por la fuerza, en distintas regiones del planeta.
Borón también sostiene que Trump se “ungió” administrador imperial al afirmar que EE.UU. “conducirá” Venezuela hasta una transición “juiciosa y apropiada”, y que el objetivo real no es democracia ni derechos humanos, sino el petróleo.
En esa lectura, la narrativa del narcotráfico funciona como cobertura política: acusa a Trump de mentir de manera sistemática y de usar el argumento “narco” de forma selectiva según conveniencia.
Estar alerta, según Borón, al “efecto contagio”: si esto se normaliza, ¿por qué China debería esperar para avanzar sobre Taiwán?, ¿por qué otros conflictos no escalarían con la misma lógica?
Cierra con una idea histórica: los imperios, en declinación, tienden a aumentar su violencia; ganar una batalla no equivale a ganar la guerra, y estas aventuras suelen terminar mal para Washington, aunque la reacción popular y política no siempre sea inmediata.
En esa trama – negociación bajo presión, escaladas selectivas o un conflicto prolongado con frente diplomático y judicial – se disputa algo más que el destino de Venezuela: se pone a prueba si se reinstala la “ley del más fuerte” como criterio.
