Un Estado inteligente

Acción de la PBA

El segundo plan quinquenal de la Provincia da continuidad al primero y prevé fortalecer la atención en hospitales generales, ampliar los dispositivos territoriales y las viviendas con apoyo para personas externadas, mejorar el acceso a medicamentos, prevenir el suicidio y abordar los consumos problemáticos. Fue diseñado junto a organizaciones, familias, colegios profesionales, universidades y colectivos de trabajadores, y suma cuatro ejes: políticas de integración, federalismo en salud, cuidado de los trabajadores y abordaje de las violencias. Propone además una mayor participación de usuarios, familiares y jóvenes en el diseño y la implementación de las políticas. Su objetivo es fortalecer las políticas de cuidado y ampliar el acceso a la atención, hacia un modelo integral, comunitario y centrado en los derechos de las personas.

El primer plan alcanzó un 92,3% de cumplimiento de sus metas (el balance que la PBA presentó en octubre de 2025, antes de su cierre) y permitió avanzar en el proceso de desmanicomialización. Desde 2019 se externó al 70% de las personas internadas en sectores de larga estadía y las viviendas con apoyo pasaron de 74 a 227.

“Estamos hablando de un Estado inteligente”

Kicillof manifestó que todos los indicadores sociales van para atrás, que se pierden puestos de trabajo, crece la informalidad y millones de familias se endeudan para comer o comprar medicamentos. El intendente de Ensenada, Mario Secco, contó que a nivel local crecieron las consultas por salud mental a causa de la desocupación, la pérdida de obra social y la baja de ingresos.

El gobernador habló de “un Estado inteligente” para los próximos cinco años. A quienes dicen que se trata de un problema microeconómico y que la macro anda bien les contestó: “Es un problema humano y no dar respuesta es de una crueldad”.

Dijo que el origen es macroeconómico y que, cuando millones de argentinos no pueden pagar lo mínimo para vivir, el problema genera “cada vez más angustia y padecimientos”. “Nada anda bien”. Y recordó lo que les dijeron a los argentinos: “Nos vinieron a decir que había que retirar al Estado para que la gente esté mejor en materia educativa, en materia de salud, en materia de empleo”.

Kicillof sostuvo que la sociedad necesita cada vez más respuestas del Estado en salud, en educación, en infraestructura y en las condiciones de vida. “Para que esto cambie radicalmente tienen que cambiar las causas que lo producen”, afirmó. Y agregó: “No hay soluciones provinciales a problemas nacionales. Sí hay respuestas, sí hay compromiso, sí hay trabajo, sí hay esfuerzo. Y eso es lo que venimos a poner en valor acá”. También dijo: “Mientras otros se desentienden, en la provincia de Buenos Aires no nos escondemos ni sacamos el cuerpo”.

Kreplak señaló que “desde nuestra gestión logramos visibilizar y poner en agenda que la salud mental es una problemática sanitaria real que atañe a nuestro pueblo”, y que el Gobierno bonaerense y los trabajadores de la salud están comprometidos con “la defensa y la profundización de este modelo que demuestra que hay otra manera de abordar la salud mental y de construir un sistema más justo e inclusivo”. La subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels, planteó que las reformas para diseñar, ejecutar y evaluar nuevas herramientas junto a los municipios “son posibles de implementar a partir de una vinculación profunda entre la población y el Estado”, y advirtió que “la crudeza de las decisiones económicas nacionales se expresan en un aumento acelerado de las patologías”.

Kicillof cerró con una definición del Estado que propone: “Frente a quienes dicen que hay que destruir el Estado porque cada uno puede estar mejor si resuelve los problemas por su cuenta, nosotros mostramos que hay otro camino: el de un Estado que planifica, que se organiza y que trabaja para garantizar derechos y dar respuestas a las necesidades de la sociedad”.

Estuvieron presentes también funcionarios provinciales y municipales, intendentes, dirigentes sindicales y directores de hospitales bonaerenses.

Otro modelo desde la Nación

El 30 de diciembre de 2025, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el cierre de la ANDIS y lo justificó en el “descontrol administrativo” de la agencia. El DNU 942/2025, firmado el 31 de diciembre y publicado el 2 de enero, dispuso que el Ministerio de Salud fuera su continuador legal. Desde el sector de la discapacidad y desde el Congreso se leyó el traspaso como un retroceso hacia el modelo médico-rehabilitador.

El 26 de marzo de 2026 se publicaron los decretos 192/2026 y 193/2026, con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones. El primero disuelve el Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales, dependiente del ANLIS Malbrán, y reordena otros centros del organismo. El segundo fija la estructura de la Secretaría Nacional de Discapacidad, con dos subsecretarías (Políticas de Acceso y Apoyos, y Regulación, Certificación y Proyectos), y suprime las responsabilidades y acciones de la Dirección Nacional de Sistemas de Información Sanitaria. El Ministerio conserva su rango y Lugones sigue al frente. Sin la Dirección de Información Sanitaria, no hay datos sobre el impacto del ajuste en las políticas sanitarias.

En la Justicia, la causa por presuntas coimas en la compra de medicamentos tiene 19 procesados, entre ellos Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, señalado como jefe de una asociación ilícita, y Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud. Los procesamientos los dictó el juez Sebastián Casanello en febrero y la Cámara Federal los confirmó el 22 de septiembre. Hoy el expediente está en el juzgado de Ariel Lijo, con el fiscal Franco Picardi a cargo de la investigación.

El caso nació de audios atribuidos a Spagnuolo, difundidos por Carnaval Stream, un medio digital que publicó las grabaciones. En esos audios aparecen menciones a Karina Milei, a Eduardo “Lule” Menem y a la droguería Suizo Argentina (Página/12, 29/4/2026, por Irina Hauser). El “3%” que se le atribuye a Karina Milei en esas grabaciones se popularizó como cantito, aunque la pericia sobre los audios sigue en trámite. La ampliación de la causa investiga maniobras por unos 75.000 millones de pesos en la compra de insumos.

El sistema

La Ley Nacional de Salud Mental 26.657, promulgada en diciembre de 2010, prohíbe crear nuevos manicomios y manda reemplazarlos por dispositivos comunitarios. El Ministerio de Salud de la Nación es su autoridad de aplicación, pero quienes sostienen hospitales, equipos y viviendas son las provincias, con recursos que en buena parte recauda la Nación. Cuando se transfieren funciones sin las capacidades ni el dinero para cumplirlas, la descentralización puede debilitar a quien las recibe.

La coparticipación se rige por la ley 23.548, sancionada en enero de 1988 por un plazo de dos años. La reforma constitucional de 1994 ordenó reemplazarla antes de fines de 1996 y eso no ocurrió. Desde entonces el reparto se resuelve caso por caso. El coeficiente de la Ciudad de Buenos Aires lo muestra: subió de 1,4% a 3,75% en 2016, bajó a 3,5% en 2018, en 2020 pasó por decreto a 2,32% y por ley a 1,4%, y en 2022 la Corte lo fijó en 2,95% por medida cautelar.

Según Abal Medina y Cao (2025), la Nación recauda casi el 70% y las provincias hicieron algo menos del 40% del gasto en 2023. En ese sistema, Kicillof dijo al asumir, en diciembre de 2023, que la Provincia aporta casi el 40% y recibe poco más del 20%.

El segundo Plan Provincial de Salud Mental, presentado el 13 de octubre en Ensenada, se apoya en una idea que excede la salud: la distribución equitativa de la recaudación y el gasto. La salud mental es uno de los bienes públicos que las provincias sostienen en un territorio donde la demanda crece. La equidad y las políticas universales sostienen la confianza social, y esa confianza depende de reglas previsibles. Sin una regla nacional estable de recursos, lo que hoy depende de convenios y transferencias discrecionales no se convierte en un derecho exigible.

Un plan a cinco años aporta previsibilidad en territorio bonaerense. Del lado nacional, el gobierno suprimió la Dirección Nacional de Sistemas de Información Sanitaria y el decreto no indica qué área asume esas funciones. Sin un área específica que ordene la información sanitaria del país, medir los resultados del sistema en conjunto se vuelve más difícil.

El 92,3% mide lo que el Gobierno bonaerense se propuso cumplir. No dice si hay una cama libre un domingo a la noche, ni si la medicación llega a tiempo. El plan fija metas hasta 2031, y la Provincia puede publicar esos resultados.El interrogante es cuánto de ese esfuerzo puede sostenerse desde la Provincia con recursos propios, mientras la coparticipación sigue llegando a cuentagotas.